La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso que sacude el panorama de la seguridad en México. Este lunes, envió al Congreso una iniciativa que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control total de las operaciones de inteligencia de la Guardia Nacional. La propuesta, que busca reformar la Ley de la Guardia Nacional, consolida el poder militar en tareas que antes compartía con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Esta decisión refuerza la militarización de la seguridad pública, un camino que ha generado controversia desde el gobierno anterior. La Guardia Nacional, creada como una fuerza civil para combatir la delincuencia, quedará ahora completamente bajo el mando de la Sedena. Esto incluye no solo sus operaciones, sino también sus labores de inteligencia, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
La iniciativa de Sheinbaum busca homologar las funciones de la Guardia Nacional con las de la Sedena, otorgándole facultades para generar, procesar y utilizar información de seguridad nacional. Sin embargo, críticos señalan que este movimiento concentra un poder desmedido en el Ejército, dejando a un lado los contrapesos civiles que deberían garantizar un equilibrio en la estrategia de seguridad.
El general Ricardo Trevilla, titular de la Sedena, ha mostrado resistencia a que la SSPC, liderada por Omar García Harfuch, tenga un rol preponderante en las labores de inteligencia. Con esta reforma, Sheinbaum parece ceder a las demandas del Ejército, lo que podría generar tensiones dentro de su propio gabinete. La SSPC, aunque seguirá diseñando la Estrategia Nacional de Seguridad, perderá peso en la ejecución de tareas clave.
La propuesta también incluye la creación de una nueva Ley de la Guardia Nacional, que busca aclarar las funciones de la Sedena en la seguridad pública. El documento, de más de 900 páginas, establece que la Guardia será una fuerza armada permanente, lo que refuerza su carácter militar por encima de su origen policial. Este cambio preocupa a organizaciones de derechos humanos, que temen un aumento en los abusos de poder.
El trasfondo de esta iniciativa no es nuevo. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional ha estado en el centro del debate por su integración a la Sedena. La Suprema Corte de Justicia invalidó en 2022 un intento previo de traspasar su control al Ejército, pero ahora, con una mayoría de Morena en el Congreso, la reforma podría aprobarse sin mayores obstáculos.
Organizaciones civiles y partidos de oposición han levantado la voz. Argumentan que esta reforma elimina los controles democráticos sobre la Guardia Nacional y debilita la rendición de cuentas. La falta de transparencia en las operaciones militares y la justicia castrense aplicada a los elementos de la Guardia son puntos que generan alarma entre los críticos.
Mientras tanto, Sheinbaum defiende su estrategia como un paso necesario para fortalecer la seguridad del país. En su discurso, ha insistido en que la coordinación entre la Sedena, la SSPC y otras instituciones es clave para combatir el crimen organizado. Sin embargo, los resultados de esta militarización siguen siendo inciertos, en un contexto donde la violencia no cede.
La iniciativa se suma a un paquete de reformas pendientes que han generado polémica, como la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El Congreso, dominado por Morena, tiene ahora la tarea de revisar esta propuesta, que podría cambiar el rumbo de la seguridad en México.
El debate está abierto: ¿es esta la solución para pacificar el país o un paso más hacia la militarización? La respuesta dependerá de cómo se implemente esta reforma y de si el gobierno logra demostrar que el poder otorgado a la Sedena se traduce en resultados concretos contra la inseguridad.