La ministra Lenia Batres Guadarrama ha desatado una controversia al criticar duramente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por su decisión de impedirle participar en casos relacionados con Grupo Elektra, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego. Batres calificó esta acción como una muestra de que la Corte actúa en favor de intereses privados, cuestionando su legitimidad como máximo tribunal del país.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Batres expresó su indignación tras la aprobación de impedimentos que la excluyen de resolver amparos promovidos por Grupo Elektra contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según la ministra, estas decisiones reflejan una preocupante cercanía entre la SCJN y ciertos empresarios.
Batres argumentó que los impedimentos aprobados por sus colegas en la Primera y Segunda Sala de la Corte carecen de fundamentos sólidos. Señaló que las publicaciones en su cuenta de X, citadas como prueba de su supuesta parcialidad, son meros comentarios sobre información pública y no demuestran enemistad personal con Salinas Pliego, como se ha alegado.
La ministra, conocida por su cercanía al proyecto de la Cuarta Transformación, afirmó que la Corte está violando su propio reglamento interno al votar estos impedimentos sin un proyecto claro. Esta situación, según Batres, pone en entredicho la imparcialidad del tribunal y su compromiso con la justicia.
Por su parte, Ricardo Salinas Pliego celebró la exclusión de Batres, argumentando que la ministra no podía garantizar objetividad en los casos relacionados con su empresa. El empresario incluso advirtió que sus abogados están evaluando acciones legales contra Batres, basándose en la Ley de Amparo, que contempla sanciones para jueces que actúen con parcialidad.
El conflicto no es nuevo. Desde su llegada a la SCJN, Batres ha mantenido una postura crítica hacia lo que considera excesos del tribunal, incluyendo sueldos elevados y decisiones que, a su juicio, favorecen a los poderes fácticos. Su salida de una sesión en marzo pasado, en protesta por otro impedimento, paralizó la resolución de más de 30 asuntos.
Este episodio se suma a las tensiones previas entre Batres y sus compañeros ministros, quienes han cuestionado su actuación en casos sensibles. Por ejemplo, en un asunto fiscal reciente, Batres pidió un análisis financiero que retrasó la discusión, lo que generó críticas de colegas como Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
La controversia también tiene un trasfondo político. Batres, quien se postuló para la reelección en la SCJN en las elecciones judiciales de junio de 2025, ha sido señalada por usar recursos del tribunal para promover su imagen, algo que ella niega categóricamente, asegurando que todos sus gastos de campaña han salido de su bolsillo.
El caso ha avivado el debate sobre la independencia del Poder Judicial en México. Mientras Batres insiste en que sus posturas buscan defender los intereses del pueblo, sus detractores la acusan de politizar la justicia y de actuar con sesgo ideológico.
La pregunta que queda en el aire es si la Suprema Corte podrá mantener su credibilidad ante estas acusaciones de favoritismo hacia empresarios influyentes. Por ahora, el enfrentamiento entre Batres y sus colegas sigue generando titulares y polarizando opiniones.