La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal ha tomado cartas en el asunto contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el acaparamiento ilegal de agua en su rancho El Saucito. Este caso, que ha generado indignación, revela cómo un exfuncionario aprovechó su posición para privar a la población de un recurso vital en una región golpeada por la sequía.
En el rancho de Duarte, ubicado en Balleza, Chihuahua, se descubrieron una presa, cinco represas y un pozo construidos sin permisos, que almacenaban 700 mil metros cúbicos de agua. Este volumen, que pertenece a la cuenca del río Conchos, es crucial para el estado y forma parte del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos. La apropiación ilegal afectó a agricultores y comunidades locales que enfrentan escasez.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) intervino para recuperar este recurso, que Sheinbaum calificó como un bien de la nación. Durante el proceso, se iniciaron trabajos para demoler las estructuras ilegales y devolver el agua al cauce del río. Sin embargo, una jueza federal otorgó un amparo en menos de 24 horas para frenar estas acciones, lo que ha levantado sospechas de complicidad.
Efraín Morales López, director de Conagua, destacó la gravedad del caso. Señaló que es inaceptable que en un estado con problemas de agua, un exgobernador se haya beneficiado de manera personal a costa de los productores locales. Las imágenes aéreas mostradas por el gobierno revelan la magnitud de las construcciones ilegales en el rancho de Duarte.
El gobierno federal no se quedó de brazos cruzados. Sheinbaum confirmó que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Duarte y todos los involucrados en este caso. La presidenta subrayó que el agua es un recurso nacional y que nadie, sin importar su influencia, puede apropiarse de él sin autorización.
El caso también destapa una red de complicidades. La jueza que otorgó el amparo, Madhay Soto Morales, es la misma que en el pasado suspendió la distribución de libros de texto en Chihuahua, un hecho que el gobierno considera parte de una asociación entre grupos de poder. Esto ha generado críticas hacia el Poder Judicial por proteger intereses privados.
A pesar del amparo inicial, el gobierno logró reanudar los trabajos para recuperar el agua. El 6 de junio, un tribunal revocó la suspensión provisional, permitiendo a Conagua continuar con la demolición de las presas ilegales. Sheinbaum mostró videos de las acciones, asegurando que el agua ya está regresando a la nación.
Este escándalo se suma a las múltiples acusaciones contra César Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016. El exmandatario enfrenta cargos por peculado y asociación delictiva, además de ser señalado por desvíos millonarios durante su gestión. Su caso es un ejemplo de cómo el poder político y económico se entrelazan para beneficiar a unos pocos.
La presidenta Sheinbaum insistió en que el gobierno seguirá litigando tanto en el ámbito administrativo como penal para garantizar que el agua, un recurso vital, sea utilizado de manera justa. Este caso pone en evidencia los abusos del pasado y la lucha del actual gobierno por corregirlos.
La recuperación del agua en el rancho de Duarte es un paso hacia la justicia en un estado donde la sequía ha golpeado duramente a los productores. Sin embargo, la protección judicial que inicialmente recibió el exgobernador deja preguntas sobre la imparcialidad de algunas autoridades y la necesidad de reformas más profundas.