En un fallo sin precedentes, cinco elementos de la Secretaría de Marina fueron sentenciados a 40 años de prisión por la desaparición forzada de Jacob Vicente Jiménez González, un joven de Coatzacoalcos, Veracruz. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2015, durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos, que buscaba combatir la delincuencia en la región.
Jacob Vicente, junto con otros tres jóvenes y un taxista, fue detenido en un retén de la Marina en la carretera de Barrillas. Según testimonios, los elementos navales los encañonaron, los bajaron del vehículo y se los llevaron. Desde ese día, no se sabe nada de ellos. Este caso es uno de los muchos que han marcado a Veracruz como un estado golpeado por la violencia y las desapariciones.
La sentencia, dictada por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Veracruz, llega tras casi una década de lucha incansable de la familia de Jacob, encabezada por su madre, Belén González. Organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia acompañaron el proceso, destacando la importancia de esta condena contra miembros de una fuerza armada.
El caso de Jacob no es aislado. Durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos, al menos 35 personas desaparecieron en circunstancias similares entre mayo y septiembre de 2015. Las familias de las víctimas han denunciado la falta de acción de las autoridades y la impunidad que rodea estos crímenes.
La condena incluye la reparación del daño a las víctimas y una disculpa pública por parte de la Secretaría de Marina. Sin embargo, para muchos, esto no es suficiente. La sentencia pone en el centro del debate el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública y su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones civiles han señalado que este fallo es un paso hacia la justicia, pero también un recordatorio de los miles de casos de desapariciones que siguen sin resolverse en México. Veracruz, en particular, ha sido uno de los estados más afectados por esta crisis, con fosas clandestinas y reportes de abusos de autoridad.
La madre de Jacob, Belén González, expresó que esta sentencia es un precedente en el sur de Veracruz, pero no devuelve a su hijo. Su lucha, como la de miles de familias, continúa en un país donde la inseguridad y la impunidad parecen no tener fin.
Este caso destapa, una vez más, las fallas de un sistema que no ha logrado garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Mientras el gobierno federal insiste en el uso de las fuerzas armadas para combatir el crimen, casos como el de Jacob Vicente cuestionan su eficacia y exigen respuestas urgentes.
La sentencia contra los marinos es un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. Sin embargo, la verdadera justicia, para las familias de los desaparecidos, sigue siendo una meta lejana en un México donde la violencia no da tregua.