La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la administración del exgobernador Javier Corral fueron señaladas por ignorar la crisis de agua en Balleza, Chihuahua. Una jueza federal ordenó que, antes de demoler presones en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte, deben garantizar el abasto de agua para 140 personas que dependen de esos cuerpos de agua.
La resolución de la jueza Madhay Soto dejó claro que Conagua tiene la facultad de demoler las construcciones ilegales en el rancho. Sin embargo, también señaló que tanto la dependencia como las autoridades locales, incluida la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Balleza, tienen la responsabilidad de asegurar el suministro del líquido vital. Esta obligación fue desatendida durante años, dejando a comunidades vulnerables en una situación crítica.
El rancho El Saucito, ubicado en una región de alto estrés hídrico, cuenta con presones y una presa que almacenan agua de lluvia, recurso esencial para los habitantes cercanos. Según el amparo presentado por los afectados, la demolición de estas estructuras dejaría sin acceso al agua a comunidades que dependen de ellas para sus actividades diarias, desde el consumo humano hasta la agricultura.
Desde 2016, Conagua y el gobierno de Corral tenían conocimiento de las construcciones ilegales en el rancho. A pesar de notificaciones y multas impuestas al exgobernador Duarte, no se tomaron medidas efectivas para resolver el problema ni para garantizar el acceso al agua. La inacción de ambas partes ha sido criticada como una negligencia que afecta directamente a la población.
La jueza destacó que, aunque las autoridades pueden actuar contra las obras ilegales, no pueden ignorar el impacto humano de sus decisiones. Los 140 habitantes mencionados en el amparo, muchos de ellos indígenas de la etnia rarámuri, enfrentan una situación de vulnerabilidad que requiere atención inmediata.
El caso ha generado controversia, ya que las comunidades locales, apoyadas por un amparo, lograron suspender temporalmente las acciones de demolición de Conagua. El abogado Carlos Omar Villalobos, representante de los afectados, señaló que más de 200 familias podrían verse perjudicadas si se destruyen las estructuras sin un plan alternativo para el suministro de agua.
Mientras tanto, Conagua insiste en que las construcciones en El Saucito son ilegales y representan un acaparamiento indebido del recurso. La dependencia argumenta que su objetivo es garantizar el acceso equitativo al agua, pero las comunidades afectadas exigen soluciones concretas antes de cualquier intervención.
La situación en Balleza pone en evidencia un problema más amplio en Chihuahua: la sobreexplotación de acuíferos y la falta de políticas efectivas para gestionar el agua. En un estado donde la sequía es una constante, la negligencia de las autoridades agrava las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.
El conflicto sigue en curso, con una audiencia constitucional programada para el 25 de junio. Mientras tanto, los habitantes de Balleza esperan que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar el acceso al agua, un derecho humano fundamental que no puede seguir siendo ignorado.