En un caso que ha conmocionado a León, Guanajuato, la Fiscalía General del Estado ha iniciado el proceso penal contra Juan Antonio “N”, señalado como el presunto responsable de la desaparición y feminicidio de Lorena Jacqueline Morales Valencia, una joven de 28 años cuyo cuerpo fue hallado tras una intensa búsqueda. Este crimen ha desatado indignación en la comunidad, que exige justicia frente a la ola de violencia que azota la región.
Lorena Jacqueline desapareció el 22 de mayo de 2025, tras salir a buscar trabajo. Su familia, preocupada por su ausencia, denunció el caso y activó el Protocolo Alba para localizarla. Durante 12 días, sus seres queridos y colectivos feministas encabezaron esfuerzos incansables para dar con su paradero, mientras las autoridades parecían avanzar lentamente en la investigación.
El caso tomó un giro decisivo cuando videos de cámaras de seguridad, difundidos en redes sociales, mostraron a Juan Antonio “N”, exjefe de Lorena, cargando un bulto con la silueta de una persona envuelta en una sábana. En otra grabación, se le observa trasladando una pesada maleta, que se presume contenía el cuerpo de la víctima. Estas imágenes desataron la presión social que llevó a su detención.
El cuerpo de Lorena fue localizado en un terreno baldío en San Felipe, Guanajuato, dentro de una maleta abandonada. Las autoridades confirmaron su identidad mediante pruebas de ADN, revelando que el cadáver presentaba signos de violencia. La Fiscalía ha indicado que el caso se investiga como feminicidio, destacando la gravedad de los hechos.
Juan Antonio “N”, quien trabajaba con Lorena en un negocio de comida, fue detenido el 3 de junio en la colonia Valle del Campestre. Según reportes, el sospechoso confesó el lugar donde abandonó el cuerpo, lo que permitió a las autoridades localizar los restos. Este detalle ha intensificado las críticas hacia la lentitud inicial de la Fiscalía en el caso.
En la primera audiencia, celebrada el 6 de junio, la defensa de Juan Antonio solicitó una duplicidad del término constitucional para recabar pruebas. El juez estableció el 11 de junio como fecha límite para determinar si el imputado sería vinculado a proceso. La decisión final, según reportes, resultó en su vinculación por los delitos de desaparición y feminicidio.
La familia de Lorena, encabezada por sus padres Refugio y Amalia, ha pedido privacidad durante este doloroso proceso. Sin embargo, han expresado su frustración por la falta de acción inicial de las autoridades, señalando que fueron los videos difundidos por redes sociales los que obligaron a la Fiscalía a actuar con mayor rapidez.
El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses expresó su consternación por el feminicidio y reiteró su postura de “cero tolerancia” ante la violencia contra las mujeres. Sin embargo, el caso ha reavivado el debate sobre la inseguridad en Guanajuato, donde se han registrado siete feminicidios en lo que va de 2025, según datos oficiales.
La detención de Juan Antonio “N” no calma el dolor de la familia ni la indignación de la sociedad. Colectivos feministas y ciudadanos han alzado la voz, exigiendo que este caso no quede impune y que se implementen medidas efectivas para combatir la violencia de género en el estado.
Este trágico suceso pone en evidencia la crisis de inseguridad que enfrentan las mujeres en México. La comunidad de León y de todo Guanajuato sigue de luto, mientras la justicia avanza lentamente en un caso que no debería repetirse.