En un preocupante informe, la Secretaría del Trabajo de Nuevo León dio a conocer que cerca de 40 mil niños, niñas y adolescentes laboran de manera ilegal en el estado. Este dato alarmante expone una realidad que afecta a miles de menores, quienes se ven obligados a trabajar en condiciones que violan sus derechos fundamentales.
El titular de la Secretaría del Trabajo, Federico Rojas Veloquio, señaló que estas cifras reflejan un problema estructural que requiere atención urgente. Los menores, en su mayoría, están empleados en sectores como el comercio informal, la agricultura y los servicios, donde enfrentan jornadas extenuantes y, en muchos casos, sin remuneración alguna.
De acuerdo con el reporte, los niños que trabajan ilegalmente en Nuevo León suelen tener entre 7 y 17 años. Este rango de edad evidencia la vulnerabilidad de los menores, quienes deberían estar en la escuela desarrollando sus habilidades y no en actividades laborales que comprometen su desarrollo físico y emocional.
La Secretaría del Trabajo destacó que el trabajo infantil no solo priva a los menores de su derecho a la educación, sino que también perpetúa el ciclo de pobreza. Muchos de estos niños provienen de familias en situación de vulnerabilidad, lo que los empuja a contribuir al ingreso familiar desde muy temprana edad.
El gobierno estatal, a cargo de Samuel García, ha sido cuestionado por la falta de políticas efectivas para combatir este problema. Aunque la Secretaría del Trabajo asegura que se están implementando estrategias de inspección, los resultados parecen insuficientes ante la magnitud de las cifras reveladas.
Rojas Veloquio mencionó que las inspecciones laborales se han intensificado para detectar casos de explotación infantil. Sin embargo, la falta de recursos y la informalidad en sectores clave dificultan la erradicación total de esta práctica, que sigue siendo un desafío para las autoridades locales.
Organizaciones civiles y expertos en derechos humanos han alzado la voz, exigiendo medidas más contundentes. La protección de los derechos de los menores debe ser una prioridad, y la sociedad espera acciones concretas que vayan más allá de los anuncios oficiales.
Este panorama pone en evidencia la necesidad de un esfuerzo coordinado entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Solo así se podrá garantizar que los niños de Nuevo León tengan acceso a una infancia digna, con educación y oportunidades reales para su futuro.
La Secretaría del Trabajo ha prometido continuar con las acciones para reducir estas cifras, pero el camino por recorrer es largo. La ciudadanía espera resultados tangibles que protejan a los menores y les devuelvan el derecho a una vida libre de explotación.