La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un giro inesperado al caso Wallace al ordenar la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien pasó más de 19 años en prisión acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace.
La decisión, tomada por la Primera Sala de la Corte con cuatro votos a favor y uno en contra, se basa en la falta de pruebas suficientes para sostener la condena de González Lomelí, sentenciada a 78 años de prisión.
El proyecto, presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reveló graves irregularidades en el proceso penal, incluyendo confesiones obtenidas bajo tortura, intimidaciones y amenazas, lo que invalidó las pruebas utilizadas en su contra.
Juana Hilda González fue detenida en 2006, tras ser señalada por la entonces Procuraduría General de la República como partícipe en el crimen ocurrido en 2005. Sin embargo, la Corte determinó que las acusaciones carecían de sustento sólido.
El Instituto Federal de Defensoría Pública destacó que la confesión de González no fue libre ni voluntaria, sino producto de presiones y coacción, lo que representa una violación a sus derechos humanos.
Esta resolución no solo impacta el caso de González Lomelí, sino que abre la puerta para revisar los procesos de otros acusados en el caso Wallace, como César Freyre Morales, Brenda Quevedo Cruz y los hermanos Castillo Cruz, cuyas acusaciones se basan en pruebas similares ahora declaradas nulas.
El fallo de la Corte ha generado controversia, especialmente porque expone fallas profundas en el sistema de justicia penal mexicano, donde la fabricación de pruebas y el uso de tortura han sido señalados como prácticas recurrentes.
La liberación de Juana Hilda González, quien se encontraba en el Centro Federal de Readaptación Social en Morelos, se espera que ocurra en las próximas horas tras la notificación oficial de la sentencia.
Este caso, que marcó la opinión pública por su alta exposición mediática, pone en evidencia la necesidad de reformar los procesos judiciales para garantizar juicios justos y respetar los derechos humanos de los acusados.
La decisión de la Suprema Corte marca un precedente histórico en la lucha contra las injusticias en el sistema penal, cuestionando la validez de casos construidos con pruebas dudosas y prácticas coercitivas.