La ciudad de Los Ángeles vive momentos de alta tensión tras cinco días de protestas contra las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Las manifestaciones, que iniciaron el viernes pasado, han derivado en enfrentamientos entre civiles y fuerzas del orden, dejando un saldo de al menos 42 mexicanos detenidos y 23 negocios afectados por saqueos.
El gobierno federal de Estados Unidos ha intensificado su respuesta al desplegar 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad. Esta medida, ordenada por el presidente Trump, ha generado fuertes críticas por parte de las autoridades locales, quienes consideran que la presencia militar exacerba el conflicto en lugar de apaciguarlo.
El mayor general Scott Sherman, comandante de la Fuerza de Tarea 51, confirmó que las tropas de la Guardia Nacional tienen autorización para detener temporalmente a civiles durante las protestas. Sin embargo, aclaró que estas detenciones son solo para garantizar la seguridad de los edificios y el personal federal, entregando a los detenidos a las fuerzas policiales locales.
Las protestas comenzaron cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron operativos en zonas de mayoría latina, como el Distrito de la Moda y Westlake. Los manifestantes, en respuesta, han bloqueado calles, incendiado vehículos y enfrentado a las autoridades con objetos como piedras y huevos, lo que ha llevado al uso de gases lacrimógenos y balas de goma.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha calificado el despliegue militar como una provocación deliberada. Junto al fiscal general Rob Bonta, presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Norte para limitar el uso de la Guardia Nacional y los marines, argumentando que estas acciones violan la Constitución y generan caos en la ciudad.
Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, impuso un toque de queda nocturno para intentar calmar los disturbios. Sin embargo, las protestas se han extendido a otras ciudades como Santa Ana y San Francisco, reflejando un creciente descontento con las políticas migratorias de la administración Trump.
La Casa Blanca defiende la movilización de tropas, afirmando que es necesaria para proteger propiedades federales y garantizar la seguridad de los agentes de ICE. Trump ha calificado a los manifestantes de “insurrectos” y ha insinuado la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807, lo que le otorgaría poderes extraordinarios para intensificar la intervención militar.
En México, el senador Gerardo Fernández Noroña expresó su apoyo a las protestas, declarando estar orgulloso de la comunidad mexicana en Estados Unidos por alzar la voz. Sus comentarios han generado reacciones encontradas, incluyendo una propuesta en el Senado estadounidense para aumentar impuestos a las remesas.
Organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) han denunciado que las redadas se concentran en comunidades trabajadoras, generando miedo y desestabilización. Según el cónsul general de México en Los Ángeles, al menos 24 de los detenidos son ciudadanos mexicanos.
La situación en Los Ángeles sigue siendo volátil, con un ambiente de incertidumbre mientras las protestas continúan y la presencia militar se fortalece. Las autoridades locales y federales mantienen posturas enfrentadas, y la comunidad migrante permanece en el centro de un debate que no parece encontrar solución a corto plazo.