El ejército de Estados Unidos ha comenzado a detener directamente a migrantes en una zona recientemente designada como militar a lo largo de la frontera con México. Este movimiento forma parte de las nuevas estrategias de control fronterizo impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump. Las detenciones se han llevado a cabo en áreas específicas de Nuevo México y Texas, declaradas como extensiones de bases militares estadounidenses.
El pasado 3 de junio, soldados estadounidenses realizaron las primeras detenciones en la zona de Santa Teresa, Nuevo México. Según el portavoz del ejército, Geoffrey Carmichael, tres migrantes fueron arrestados y entregados rápidamente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estas acciones se enmarcan en la creación de las llamadas Áreas de Defensa Nacional, que permiten a las tropas federales intervenir directamente en la detención de personas no autorizadas.
La designación de estas zonas militarizadas abarca 418 kilómetros de frontera en Nuevo México y Texas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha señalado que estas áreas son consideradas propiedad del Departamento de Defensa, lo que otorga a los soldados la autoridad para detener a quienes ingresen sin permiso. Esta medida busca reforzar las políticas migratorias de la administración Trump, enfocadas en reducir los cruces fronterizos ilegales.
Más de mil 400 migrantes han sido acusados de ingresar ilegalmente a estas zonas militarizadas desde que se implementó esta estrategia. Los cargos incluyen no solo la entrada irregular a Estados Unidos, sino también la violación de áreas militares restringidas, lo que podría conllevar penas de hasta 18 meses de prisión, además de las sanciones por ingreso ilegal.
La presencia militar en la frontera ha generado controversia, ya que la Ley Posse Comitatus prohíbe a las tropas estadounidenses realizar tareas policiales en suelo nacional. Sin embargo, la creación de estas zonas militarizadas permite eludir esta restricción bajo la excepción de la doctrina del propósito militar. Algunos expertos legales advierten que esta práctica podría ser cuestionada en tribunales.
En el ámbito judicial, los resultados han sido mixtos. En Nuevo México, un juez desestimó más de 100 cargos de seguridad nacional contra migrantes, argumentando que no había evidencia de que conocieran las nuevas designaciones de las zonas militarizadas. En Texas, una migrante peruana fue absuelta de cargos similares, lo que pone en duda la aplicación de estas medidas en algunos casos.
El gobierno de Trump planea expandir estas zonas militarizadas a lo largo de la frontera sur. Aunque no se han especificado las ubicaciones exactas, funcionarios militares han confirmado que se están considerando nuevas áreas para fortalecer el control fronterizo. Esta estrategia ha coincidido con un despliegue adicional de tropas, incluyendo 2 mil efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles para apoyar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Las detenciones en la frontera han disminuido significativamente, según datos oficiales. En febrero, las autoridades reportaron solo 8 mil 347 detenciones, una caída del 94% en comparación con el año anterior. Este descenso se atribuye a las nuevas medidas migratorias y a la militarización de la frontera, aunque organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto en los solicitantes de asilo.
La militarización de la frontera también ha generado tensiones con México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha desplegado 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte para combatir el tráfico de fentanilo, en respuesta a acuerdos con Estados Unidos. Sin embargo, estas medidas no han abordado las causas estructurales de la migración, como la pobreza y la violencia en los países de origen.
A medida que la administración Trump intensifica sus esfuerzos para controlar la migración, el debate sobre los derechos de los migrantes y la legalidad de estas estrategias continúa. Las organizaciones humanitarias han criticado la falta de acceso al asilo y el aumento de los riesgos para quienes buscan cruzar la frontera por rutas más peligrosas.