La reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México está en el centro de la controversia. El gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa 13 cambios clave que prometen transformar el panorama digital, pero no sin levantar sospechas. Entre los ajustes, se eliminan artículos que permitían bloquear plataformas digitales sin orden judicial, una medida que desató críticas por posibles intentos de censura. Sin embargo, el oficialismo asegura que estos cambios buscan conectar a millones de mexicanos sin acceso a internet.
Uno de los puntos más polémicos fue el artículo 109, que otorgaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones el poder de suspender plataformas como Facebook, YouTube o X sin justificación clara. Tras protestas de ciudadanos, oposición y organizaciones defensoras de derechos digitales, el gobierno dio marcha atrás. La presidenta Sheinbaum y el titular de la Agencia, José Peña Merino, confirmaron que este artículo será eliminado para evitar cualquier interpretación de censura.
Otro cambio relevante es la reformulación de los artículos 201 y 202, que regulan la propaganda extranjera en medios mexicanos. Ahora, se permitirá publicidad de gobiernos extranjeros solo si promueve turismo, cultura o deportes, pero se prohíbe cualquier contenido político o ideológico. Esta medida, según el senador Javier Corral, busca alinear la ley con los compromisos del T-MEC, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
La iniciativa también incluye la creación de un órgano colegiado dentro de la Agencia de Transformación Digital. Este grupo, en lugar de un solo funcionario, decidirá sobre el otorgamiento, renovación o retiro de concesiones de telecomunicaciones. El objetivo es evitar la concentración de poder y garantizar decisiones más transparentes, aunque persisten dudas sobre su independencia, dado que la Agencia depende del gobierno federal.
Un aspecto que genera inquietud es el artículo 8, fracción LXV, que establece un padrón obligatorio de usuarios de telefonía móvil. Críticos como el senador priista Manuel Añorve advierten que esta medida podría vulnerar la privacidad de los ciudadanos. Organizaciones como R3D han señalado que el registro de datos biométricos representa un riesgo para los derechos digitales, un debate que se retomará en las próximas sesiones del Senado.
La reforma también pretende conectar a 15 millones de mexicanos sin acceso a internet, especialmente en zonas rurales. José Peña Merino explicó que 10.2 millones de personas viven en áreas sin cobertura, mientras que 4.4 millones no pueden costear el servicio. El gobierno planea usar infraestructura pública, como la de la CFE, para llevar conectividad a estas comunidades, un punto que ha sido bien recibido, pero que requiere claridad en su implementación.
Sin embargo, no todo es aplauso. La oposición, encabezada por partidos como el PAN y el PRI, ha acusado al gobierno de Morena de intentar centralizar el control de las telecomunicaciones. Los artículos 56, 57 y 58, según el senador Ricardo Anaya, podrían violar el T-MEC al favorecer a ciertos empresarios y limitar la competencia. Estos puntos serán revisados para evitar conflictos con socios comerciales.
Organizaciones de la sociedad civil, como Artículo 19, han advertido que, aunque se eliminen los artículos más controvertidos, otras disposiciones podrían seguir amenazando la libertad de expresión. La posibilidad de que la Agencia suspenda transmisiones de radio o televisión por decisiones subjetivas, como no distinguir entre noticia y opinión, sigue siendo un punto de preocupación.
Tras cinco conversatorios con expertos, empresarios y académicos, el Senado promete un “diseño mayor” de la ley. Javier Corral aseguró que las voces críticas fueron escuchadas, pero la oposición insiste en que los cambios son insuficientes. Un periodo extraordinario en el Congreso, programado para después de las elecciones judiciales, definirá el futuro de esta reforma.
El debate sobre la Ley de Telecomunicaciones refleja la tensión entre el acceso universal a internet y la protección de derechos fundamentales. Mientras el gobierno de Sheinbaum insiste en que no busca censurar, la desconfianza persiste. Los próximos meses serán clave para determinar si esta reforma cumple con sus promesas o si, como temen muchos, abre la puerta a un control excesivo del gobierno sobre el espacio digital.