El Poder Judicial de la Federación ha dado un golpe contundente al autorizar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para demoler las represas construidas ilegalmente en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Esta resolución marca un paso firme contra el uso indebido de recursos naturales por parte de figuras políticas.
La decisión, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, revocó una suspensión provisional que impedía a Conagua ejecutar sanciones en el rancho ubicado en Balleza, Chihuahua. Las represas, construidas sin permisos, acaparaban agua del arroyo El Saucito, afectando el flujo natural hacia los ríos Agujas, Conchos y Bravo.
César Duarte, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, enfrenta múltiples acusaciones por corrupción, y este caso se suma a su historial. Las estructuras hidráulicas, que incluían una presa y cinco represas, almacenaban ilegalmente 700 mil metros cúbicos de agua, utilizados para fines personales en una región que sufre escasez hídrica.
Conagua argumentó que las construcciones carecían de títulos de concesión para el uso de aguas nacionales, y el municipio de Balleza no tenía autoridad para otorgar permisos. El Tribunal respaldó esta postura, destacando que mantener las represas afectaba el interés social y el derecho humano al agua.
El director de Conagua, Efraín Morales, señaló que estas acciones reflejan prácticas del periodo neoliberal, donde el poder político y económico permitía beneficios personales a costa de los recursos públicos. La demolición de las estructuras busca restaurar el cauce natural del agua, beneficiando a comunidades locales.
A pesar de intentos legales por parte de la defensa de Duarte para frenar las sanciones, el Poder Judicial validó las acciones de Conagua. La dependencia ha clausurado pozos ilegales y removido compuertas, avanzando en la recuperación de zonas federales invadidas por las construcciones.
Este caso resalta la gravedad de la crisis hídrica en Chihuahua, un estado golpeado por sequías extremas. La retención ilegal de agua por parte de Duarte no solo afectaba a los ecosistemas, sino también a ejidatarios y comunidades que dependen de estos recursos para su subsistencia.
La resolución judicial envía un mensaje claro: el acaparamiento de agua no será tolerado. Conagua continuará supervisando y sancionando prácticas que violen la ley, priorizando el acceso al agua como un derecho humano fundamental para todos los mexicanos.