El Instituto Nacional Electoral está a punto de cerrar un capítulo más en la polémica elección del Poder Judicial. A partir del próximo domingo 15 de junio, entregará las constancias de mayoría a los nuevos ministros, jueces y magistrados electos en los comicios del 1 de junio. Este proceso, que ha sido cuestionado desde su origen, marca un punto de no retorno en la transformación del sistema judicial mexicano impulsada por Morena.
La jornada electoral, que registró una participación de apenas el 13 por ciento, ha sido calificada como un fracaso por diversos sectores. A pesar de ello, el INE ha seguido adelante con el calendario establecido. Los cómputos distritales, que comenzaron el mismo día de la elección, culminaron este martes 10 de junio. El organismo electoral asegura que todo se ha realizado en tiempo y forma, pero las críticas no cesan.
Entre los nombres que han surgido como ganadores destaca Hugo Aguilar Ortiz, un abogado mixteco postulado por el Poder Ejecutivo, quien presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su victoria, con 6.2 millones de votos, ha sido celebrada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también ha generado controversia. Muchos señalan que su elección refleja el control de Morena sobre el proceso.
El proceso no ha estado exento de irregularidades. En Chiapas, por ejemplo, la entrega de paquetes electorales enfrentó serios problemas, retrasando los cómputos nacionales. A esto se suman las acusaciones de que candidatos ligados a Morena, los llamados “acordeones”, dominaron las boletas. Organismos internacionales han advertido sobre los riesgos de este modelo de elección popular para la independencia judicial.
Los nuevos ministros de la Suprema Corte tomarán protesta el 1 de septiembre, iniciando un periodo de entre ocho y once años, dependiendo de los votos obtenidos. Los magistrados de circuito y jueces de distrito, por su parte, tendrán mandatos de nueve años con posibilidad de reelección. Este cambio escalonado busca renovar la mitad del Poder Judicial en 2025 y la otra mitad en 2027.
El Tribunal de Disciplina Judicial, otro de los órganos renovados, estará integrado por figuras cercanas a Morena, como Celia Maya y Bernardo Bátiz. Este organismo, encargado de vigilar a los jueces, ha sido señalado como una herramienta para consolidar el control del partido en el poder sobre el sistema judicial. Sus miembros tendrán mandatos de seis años, con renovaciones escalonadas hasta 2033.
Las impugnaciones al proceso aún están pendientes. El plazo para resolverlas vence el 28 de agosto, pero pocos esperan que alteren los resultados. La reforma judicial, aprobada en 2024, ha sido defendida por el gobierno como un paso hacia la democratización, pero sus críticos la ven como un ataque a la autonomía del Poder Judicial.
Mientras el INE se prepara para entregar las constancias, la sociedad mexicana sigue dividida. Para algunos, este proceso es una oportunidad de cambio; para otros, una maniobra para concentrar el poder. Lo cierto es que, a partir del domingo, el rostro del Poder Judicial comenzará a transformarse, con consecuencias que aún están por verse.