Las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Los Ángeles han recibido autorización para detener temporalmente a civiles, según informó el mayor general Scott Sherman, comandante a cargo del operativo. Esta medida se implementa en respuesta a las protestas desatadas por las recientes redadas migratorias en la ciudad.
El despliegue, ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluye a 4,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines. Sherman aclaró que las tropas no tienen permitido realizar arrestos, sino que su función se limita a detenciones temporales para proteger al personal y los edificios federales.
Las protestas en Los Ángeles comenzaron tras una serie de operativos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas acciones han generado tensión en la ciudad, con enfrentamientos entre manifestantes y autoridades en los últimos días.
Cerca de 500 soldados de la Guardia Nacional han sido entrenados para acompañar a los agentes de ICE durante los operativos migratorios. Fotos publicadas por ICE muestran a estos soldados proporcionando seguridad a los agentes en las redadas.
El despliegue militar ha sido controversial, ya que se realizó sin la autorización del gobernador de California, Gavin Newsom. Esta es la primera vez en 60 años que un presidente de Estados Unidos ordena el uso de la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador estatal.
Las autoridades han indicado que los marines aún no han completado su entrenamiento en el uso de armas no letales ni en las reglas para el uso de la fuerza. Por ello, no se espera que participen activamente en las operaciones en el corto plazo.
El costo de este despliegue asciende a 134 millones de dólares, que cubrirán transporte, alojamiento y alimentación de las tropas durante un periodo máximo de 60 días. La medida ha sido criticada por algunos sectores como una respuesta desproporcionada a las protestas.
A pesar de que las manifestaciones han sido mayoritariamente pacíficas, se han reportado incidentes aislados de violencia, como el lanzamiento de piedras y el incendio de vehículos. Las autoridades han respondido con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha condenado el despliegue y evalúa presentar una demanda, argumentando que pone en riesgo los derechos de los ciudadanos. Activistas han mostrado su apoyo a los migrantes detenidos en las instalaciones federales de la ciudad.
La situación en Los Ángeles permanece tensa, con la posibilidad de que las protestas se extiendan a otras ciudades de Estados Unidos. Las autoridades federales mantienen su postura de reforzar la seguridad en respuesta a las manifestaciones.