La audiencia incidental por el juicio de amparo relacionado con los presones en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte, se extendió por varias horas. La razón detrás de esta demora fue la presentación de estudios técnicos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que busca justificar la demolición de cuatro presones y una presa en el terreno del exmandatario.
La jueza federal a cargo del caso tiene en sus manos una decisión crucial: resolver si otorga la suspensión definitiva que impediría a Conagua actuar en la propiedad de Duarte hasta que se lleve a cabo el juicio completo. Este proceso ha generado controversia, ya que ambas partes, tanto los defensores del exgobernador como la autoridad federal, han solicitado presentar evidencia documental para sustentar sus argumentos.
El rancho El Saucito, ubicado en Balleza, Chihuahua, ha estado en el centro de la polémica desde que Conagua denunció la existencia de presones que, según la autoridad, fueron construidos sin autorización. Estos cuerpos de agua, según la dependencia, alteran el cauce del arroyo El Saucito, afectando el flujo hacia el río Conchos y, eventualmente, al río Bravo.
Sin embargo, la defensa de los pobladores del ejido El Trigueño, una comunidad indígena rarámuri, argumenta que la demolición de los presones tendría un impacto devastador. Según ellos, estas estructuras no solo benefician a los habitantes locales, sino que también recargan los mantos acuíferos, crean un microclima y ayudan a combatir incendios en una región afectada por sequías extremas.
El abogado Omar Villalobos, quien representa a la comunidad, ha señalado que los presones tienen un permiso de uso que data de 1942, otorgado al padre de César Duarte para el aprovechamiento agrícola de aguas del río Agujas. Este argumento pone en duda la legalidad de las acciones de Conagua y añade un giro inesperado al caso.
Por su parte, Conagua insiste en que las obras son irregulares y ha intensificado sus esfuerzos para demoler las estructuras. La dependencia federal ha presentado denuncias penales y sostiene que su intervención busca garantizar el derecho humano al agua para la población, evitando el uso indebido de recursos hídricos nacionales.
La resolución de la jueza federal Madhay Soto, quien previamente otorgó una suspensión provisional, será clave para determinar el futuro de los presones. Soto ha defendido su decisión inicial, argumentando que el amparo protege los derechos de la comunidad indígena al acceso al agua para consumo humano, agrícola, ganadero y la lucha contra incendios.
El caso ha levantado sospechas sobre posibles manejos irregulares en el rancho de Duarte, quien ya enfrenta múltiples acusaciones legales. Mientras tanto, la comunidad del ejido El Trigueño espera que sus derechos sean respetados, en un conflicto que pone en juego el acceso al agua en una región castigada por la sequía.
La audiencia, que aún no tiene una resolución publicada, mantiene en vilo tanto a los habitantes de la zona como a las autoridades. El desenlace de este juicio podría sentar un precedente importante sobre el uso de recursos hídricos y los derechos de comunidades vulnerables.
El caso de El Saucito no es solo una disputa legal, sino un reflejo de las tensiones entre el poder político, los intereses federales y las necesidades de comunidades indígenas en México. La decisión final será un termómetro de cómo se equilibran estos intereses en un contexto de recursos naturales cada vez más escasos.