Decenas de alcaldes de la región de Los Ángeles se unieron para exigir al gobierno de Donald Trump que ponga fin a las redadas migratorias que han desatado temor y protestas en todo Estados Unidos. Las operaciones, encabezadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, han generado enfrentamientos con activistas y residentes en barrios latinos, dejando decenas de detenidos.
Las redadas comenzaron el viernes 6 de junio en áreas como Westlake, donde agentes armados arrestaron a jornaleros en una tienda de materiales de construcción. Al menos 45 personas, en su mayoría mexicanos y centroamericanos, fueron detenidas en operativos simultáneos en zonas hispanas de la ciudad. Los alcaldes denuncian que estas acciones han causado pánico, impidiendo que los residentes acudan a sus trabajos o a citas legales.
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, expresó su indignación por las tácticas utilizadas, que incluyen gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes. En una conferencia de prensa, afirmó que las redadas no solo aterrorizan a las comunidades, sino que también rompen la confianza con las autoridades locales. Bass reiteró que Los Ángeles, como ciudad santuario, no cooperará con estas operaciones federales.
El despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional, ordenado por Trump, ha escalado las tensiones. Las autoridades locales, incluido el gobernador Gavin Newsom, calificaron esta medida como una acción sin precedentes que viola la soberanía de California. Newsom condenó las redadas como crueles y caóticas, asegurando que erosionan la confianza en las comunidades.
Activistas, como Angélica Salas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, denunciaron que las redadas atacan a trabajadores sin antecedentes criminales. Las protestas, que se han extendido a ciudades como Nueva York, Chicago y Austin, han dejado más de 150 detenidos en San Francisco y enfrentamientos con las fuerzas del orden en varios puntos del país.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles criticó la participación de la policía local en las redadas, acusándola de traicionar la promesa de Los Ángeles como ciudad santuario. Los activistas señalan que los operativos, apoyados por agentes con equipo antidisturbios, han afectado a familias enteras, incluyendo a niños que no pudieron asistir a sus graduaciones.
Trump, por su parte, defendió las redadas, afirmando que Los Ángeles está “invadida por inmigrantes ilegales y criminales”. En un mensaje en redes sociales, acusó a la izquierda radical de orquestar las protestas y prometió continuar con las deportaciones. El gobierno federal insiste en que las operaciones se centran en delincuentes, aunque activistas denuncian detenciones basadas en perfiles raciales.
La presencia de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles ha generado críticas de líderes locales, quienes consideran estas medidas desproporcionadas. Brenda Olmos, vicealcaldesa de Paramount, relató haber sido alcanzada por balas de goma durante una protesta, exigiendo a Trump que detenga estas acciones que aterrorizan a los residentes.
Las protestas no muestran señales de disminuir, con más manifestaciones planeadas en todo el país bajo el lema “No Kings”. Mientras tanto, el Consulado de México en Los Ángeles activó canales de emergencia para apoyar a los connacionales afectados, pidiendo a la comunidad evitar zonas de conflicto.
El conflicto entre las políticas federales y las autoridades locales ha evidenciado una profunda división. Los alcaldes de la región, junto a organizaciones de derechos humanos, insisten en que las redadas no solo son inhumanas, sino que también debilitan la economía y la cohesión social de sus comunidades.