Un caso escalofriante de secuestro en Chihuahua terminó con una sentencia contundente. Rogelio Octavio S. O. y Juan de Dios G. E. fueron condenados a 62 años y seis meses de prisión por privar de la libertad a un comerciante en San Juanito, municipio de Bocoyna. Los hechos ocurrieron el 1 de julio de 2017, y la justicia finalmente alcanzó a los responsables.
El secuestro comenzó cuando los delincuentes interceptaron a un comerciante en su localidad. Lo sometieron y lo mantuvieron en cautiverio, exigiendo a su familia una suma exorbitante de 6 millones de pesos para liberarlo. La angustia de los familiares fue constante mientras negociaban con los captores, quienes no mostraron piedad alguna.
Tras intensas negociaciones, los secuestradores aceptaron un pago de 230 mil pesos, entregado cerca de un cuartel militar en Cuauhtémoc. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí. La víctima permaneció en manos de los criminales, enfrentando condiciones inhumanas durante su cautiverio.
La liberación del comerciante llegó el 11 de julio de 2017, gracias a un operativo conjunto entre las Unidades Antisecuestro de Chihuahua y Nuevo León. Las autoridades lograron rescatarlo en territorio neoleonés, poniendo fin a su calvario. Este rescate fue un golpe significativo contra los responsables.
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas fueron clave. A través de un trabajo meticuloso, se comprobó la participación de Rogelio Octavio y Juan de Dios en el crimen. Ambos fueron capturados en julio de 2023, uno en el Estado de México y el otro en San Luis Potosí, tras emitirse órdenes de aprehensión.
Durante el proceso penal, los secuestradores enfrentaron prisión preventiva. Las pruebas presentadas en el juicio oral fueron contundentes, dejando claro que no había espacio para la impunidad. La sentencia refleja la gravedad de sus actos y el daño causado a la víctima y su familia.
Este caso expone la alarmante realidad de la inseguridad en Chihuahua. Los secuestros, un delito que destroza vidas, siguen siendo un desafío para las autoridades. La falta de acciones efectivas para frenar la violencia genera preocupación en la población, que exige justicia y seguridad.
La condena de 62 años envía un mensaje claro: los responsables de estos crímenes enfrentarán todo el peso de la ley. Sin embargo, la sociedad sigue esperando medidas más contundentes para prevenir que historias como esta se repitan. La lucha contra el secuestro en México está lejos de terminar.