La presidenta Claudia Sheinbaum desató controversia al condenar la acción de policías del grupo Pakal, de Chiapas, que ingresaron sin autorización a territorio guatemalteco durante un operativo contra presuntos criminales. Este incidente, ocurrido el pasado domingo, ha generado tensiones diplomáticas entre México y Guatemala, poniendo en evidencia la falta de control en las acciones de las fuerzas estatales bajo el mando del gobierno de Morena en Chiapas.
El grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, creado por el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez, cruzó la frontera en una persecución que inició en Frontera Comalapa, Chiapas, tras un enfrentamiento armado. Los agentes mexicanos, en al menos tres vehículos blindados, se adentraron en la localidad de La Mesilla, Guatemala, persiguiendo a supuestos integrantes de un grupo criminal. El saldo: cuatro presuntos delincuentes abatidos, según reportes oficiales.
Sheinbaum, desde Palacio Nacional, fue tajante al señalar que “no se puede violentar la soberanía de un país” y exigió sanciones para los responsables. La mandataria criticó la incursión, asegurando que no debe repetirse, y ordenó una investigación a fondo para esclarecer los hechos. Sin embargo, su postura ha generado cuestionamientos sobre la coordinación entre el gobierno federal y las autoridades estatales de Morena.
El operativo se desencadenó tras la emboscada del 2 de junio en Frontera Comalapa, donde cinco policías estatales fueron asesinados y sus cuerpos calcinados. Este hecho, que conmocionó a la región, llevó al despliegue del grupo Pakal en la zona fronteriza. La persecución del domingo, que se extendió a territorio guatemalteco, fue captada en videos que circularon en redes sociales, mostrando la intensidad del enfrentamiento.
El gobierno de Guatemala reaccionó con una nota diplomática de protesta, calificando la incursión como una violación a su soberanía. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ofreció disculpas y prometió trabajar en una mejor coordinación binacional. Sin embargo, el incidente ha avivado las críticas hacia la gestión de seguridad en Chiapas, donde la violencia de los cárteles, como el de Chiapas-Guatemala, ligado al CJNG, sigue escalando.
El gobernador Eduardo Ramírez, por su parte, defendió la acción de los policías y acusó a las fuerzas guatemaltecas de estar coludidas con el crimen organizado. Estas declaraciones, que contrastan con la postura de Sheinbaum, han generado aún más controversia, evidenciando una falta de alineación entre el gobierno estatal y federal, ambos de Morena.
La zona de Frontera Comalapa es un punto crítico para el trasiego de drogas, armas y migrantes, lo que la convierte en un foco de disputa entre cárteles. Desde 2021, la región ha sido escenario de masacres, desplazamientos forzados y desapariciones, lo que refleja el fracaso de las estrategias de seguridad en la frontera sur. La creación del grupo Pakal, integrado por exmilitares y expolicías federales, buscaba combatir esta crisis, pero su reciente acción ha desatado un conflicto internacional.
Sheinbaum insistió en que la cooperación entre México y Guatemala debe reforzarse, pero cada país debe operar dentro de su territorio. El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ya está en contacto con las autoridades guatemaltecas para establecer un grupo de seguridad binacional. Mientras tanto, la investigación sobre la incursión de los policías sigue en curso, con la promesa de que habrá consecuencias.
Este episodio pone en la mira al gobierno de Morena en Chiapas y su capacidad para manejar la crisis de violencia en la región. La falta de claridad en las acciones de las fuerzas estatales y las acusaciones cruzadas entre México y Guatemala evidencian los desafíos de una frontera marcada por la inseguridad y el crimen organizado.
La presidenta Sheinbaum ha prometido que se dará un informe detallado sobre el caso, pero las críticas no cesan. Este incidente no solo cuestiona la efectividad de las políticas de seguridad del gobierno federal, sino que también expone las tensiones internas dentro de Morena, donde las decisiones de los gobiernos estatales parecen ir en contra de los principios de la soberanía nacional que la propia mandataria defiende.