El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado la colaboración de Estados Unidos para esclarecer el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado en Bogotá. El ataque, perpetrado por un menor de 14 años, dejó a Uribe en estado crítico tras recibir múltiples disparos durante un acto de campaña en el barrio Modelia.
El arma utilizada en el atentado, una pistola Glock de 9 milímetros, fue adquirida legalmente en Arizona, según confirmó la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos. Petro pidió a las agencias de inteligencia estadounidenses que investiguen cómo el arma llegó desde Arizona a Colombia, pasando por Florida, hasta las manos del joven atacante.
El menor detenido, identificado como Juan Sebastián Rodríguez Casallas, confesó haber recibido instrucciones y dinero de un hombre vinculado al microtráfico en el barrio Villas de Alcalá, en Bogotá. Las autoridades colombianas investigan posibles conexiones con redes criminales locales y el entorno del adolescente, marcado por la falta de oportunidades y la presencia de bandas de narcotráfico.
Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido Centro Democrático, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Fundación Santa Fe. Su estado es crítico, con un pronóstico reservado tras someterse a cirugías en la cabeza y el muslo izquierdo. Más de un centenar de personas se congregaron frente al hospital para orar por su recuperación.
El atentado ha generado conmoción en Colombia, recordando los oscuros años de violencia política de las décadas de 1980 y 1990, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados. La madre de Uribe, la periodista Diana Turbay, fue víctima del narcotráfico en 1991, tras ser secuestrada por el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar.
Petro señaló que el menor atacante formó parte del programa Jóvenes en Paz, creado por su gobierno para apoyar a jóvenes vulnerables, pero se retiró voluntariamente tras mostrar un comportamiento conflictivo. El presidente también denunció posibles infiltraciones en la Policía y fallos en el esquema de seguridad de Uribe, que fue reducido de siete a tres escoltas el día del ataque.
La investigación avanza con el análisis de más de mil videos y 23 entrevistas, según la Fiscalía colombiana. Además, se indaga si otras personas estuvieron involucradas, ya que videos muestran interacciones sospechosas entre el menor y una mujer presente en el lugar, aunque ella negó cualquier relación con el crimen.
El caso ha reavivado el debate sobre el tráfico ilegal de armas entre Estados Unidos y América Latina, así como la seguridad de los candidatos de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Petro vinculó el atentado a posibles redes internacionales de narcotráfico, aunque no presentó pruebas concretas.
La familia de Uribe ha denunciado a la Unidad Nacional de Protección por negligencia, alegando que se ignoraron 23 solicitudes para reforzar su seguridad en 2025. Mientras tanto, varios precandidatos han suspendido sus campañas, citando la falta de garantías de seguridad en el actual clima político.
Colombia espera respuestas mientras Uribe lucha por su vida, y el país reflexiona sobre las heridas aún abiertas de su historia de violencia política. La colaboración con Estados Unidos podría ser clave para identificar a los responsables intelectuales del ataque.