Marcela Herrera Sandoval está a un paso de convertirse en la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, un nombramiento que ha generado revuelo en el panorama político local. Su perfil, ligado al gobierno estatal y a Morena, ha levantado sospechas sobre la imparcialidad en el proceso de selección. La sombra de los acuerdos políticos planea sobre su candidatura.
Actualmente, Herrera Sandoval se desempeña como Secretaria de Planeación en la Universidad Autónoma de Chihuahua, un cargo que le ha permitido tejer una red de influencias en el ámbito académico y político. Su trayectoria incluye roles clave en la administración pública, desde directora de profesiones hasta titular jurídica del Registro Civil. Sin embargo, críticos señalan que su ascenso parece más ligado a lealtades políticas que a méritos judiciales.
El proceso de votación para elegir al titular del Tribunal Superior de Justicia ha sido cuestionado por su opacidad. Según reportes, Herrera Sandoval habría acumulado cerca de cien mil votos, una cifra que parece inalcanzable para sus contendientes. Esto ha alimentado rumores de un resultado predeterminado, orquestado desde las cúpulas del poder en Chihuahua.
Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno, ha pedido cautela ante los resultados preliminares, asegurando que el conteo oficial aún no concluye. Sin embargo, sus declaraciones no han disipado las dudas sobre la legitimidad del proceso. La percepción de que el gobierno estatal tiene mano en la designación crece entre la ciudadanía.
El ascenso de Herrera Sandoval no está exento de controversia. Su cercanía con figuras clave de Morena en Chihuahua ha sido señalada como un factor determinante en su candidatura. Esto refuerza la narrativa de que el Poder Judicial podría estar al servicio de intereses partidistas, en lugar de garantizar la imparcialidad que exige la justicia.
Por otro lado, sus defensores destacan su preparación académica, con una licenciatura en Derecho y una maestría en Administración Pública. También subrayan su experiencia en la gestión pública como un aval para liderar el Tribunal. Sin embargo, estos argumentos no logran acallar las voces que exigen transparencia en el proceso.
La designación de Herrera Sandoval también coincide con el nombramiento de Paco Acosta, esposo de la diputada federal Rocío González, como titular del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta dupla de nombramientos ha sido interpretada como una estrategia para consolidar el control del gobierno estatal sobre el Poder Judicial, un movimiento que preocupa a quienes defienden la separación de poderes.
A pesar de las críticas, Herrera Sandoval ha presentado propuestas centradas en una justicia con enfoque humanista y agilidad en los procesos, especialmente en materia familiar. Estas ideas, aunque bien recibidas por algunos sectores, no han sido suficientes para disipar las sospechas sobre el trasfondo político de su candidatura.
El desenlace de este proceso será crucial para el futuro del Poder Judicial en Chihuahua. Si Herrera Sandoval asume la presidencia del Tribunal, su gestión estará bajo el escrutinio público. La ciudadanía espera respuestas claras sobre la independencia judicial y la transparencia en las decisiones que afectan a todos.
La política en Chihuahua vive un momento definitorio. La designación de Marcela Herrera Sandoval podría marcar el rumbo del sistema judicial en el estado, para bien o para mal. Por ahora, las preguntas sobre su nombramiento siguen sin respuesta, mientras el debate sobre el poder y la justicia continúa en el centro de la conversación pública.