En los municipios metropolitanos de Nuevo León, como Monterrey, Guadalupe, San Pedro, Apodaca, Escobedo, y Santa Catarina, se han implementado estrategias para avanzar en paridad de género dentro de sus administraciones. Los nuevos gobiernos locales, que tomaron posesión recientemente, han priorizado la inclusión de mujeres en cargos clave, buscando cumplir con el principio de paridad establecido en las leyes locales. Este esfuerzo responde a la exigencia de equilibrar la representación de género en la toma de decisiones públicas.
La integración de mujeres en concejalías y secretarías municipales ha sido destacada como un avance significativo. Por ejemplo, en Monterrey, el gobierno de Adrián de la Garza ha promovido la participación femenina en áreas estratégicas, aunque no sin críticas por la lentitud en la implementación de políticas de género más amplias. En Guadalupe y Escobedo, los alcaldes han designado a mujeres en roles de seguridad y desarrollo social, lo que se presenta como un paso hacia la igualdad.
Sin embargo, no todo es progreso. La seguridad en estos municipios sigue siendo un talón de Aquiles. A pesar de los anuncios de nuevas estrategias, la percepción de inseguridad en la zona metropolitana de Monterrey sigue alta, con un 62 por ciento de la población expresando temor, según datos recientes del Inegi. Los esfuerzos por reducir delitos de alto impacto, como robos y homicidios, no han logrado calmar la preocupación ciudadana.
En materia de seguridad, los municipios han optado por civiles con formación académica para liderar las corporaciones policiacas, alejándose de los perfiles militares. Figuras como Gerardo Palacios Pámanes, en la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, y Gerardo Escamilla, en Fuerza Civil, han sido elogiados por su experiencia, pero los resultados concretos aún son cuestionados. La ciudadanía exige más que cambios en los organigramas: quiere calles más seguras.
La violencia de género también sigue siendo un problema latente. Municipios como Escobedo y Monterrey figuran entre los más señalados por casos de feminicidio en el estado. Aunque se han ampliado las Alertas de Violencia de Género a más municipios, las organizaciones civiles critican la falta de recursos y seguimiento para que estas medidas sean efectivas. La pregunta es si los avances en paridad se traducirán en políticas que realmente protejan a las mujeres.
En el ámbito político, los alcaldes de oposición en estos municipios, como los emanados del PAN y el PRI, han prometido trabajar en conjunto con el gobierno estatal de Samuel García para enfrentar los retos de seguridad. Sin embargo, las tensiones entre el estado y los municipios son evidentes, especialmente en temas como la distribución de recursos para seguridad y programas sociales. Esta falta de coordinación podría frenar los avances en ambos frentes.
Los ciudadanos, por su parte, observan con escepticismo. Aunque los discursos sobre paridad y seguridad suenan prometedores, la realidad en las calles no siempre coincide con las palabras. La rehabilitación de plazas públicas y la mejora de servicios básicos, que también impactan en la percepción de seguridad, siguen siendo asignaturas pendientes en lugares como Santa Catarina, donde los parques públicos han recibido calificaciones reprobatorias.
A pesar de los esfuerzos, el camino hacia la paridad de género y la seguridad en los municipios metropolitanos de Nuevo León está lleno de obstáculos. Los avances en la representación femenina son un paso en la dirección correcta, pero sin una estrategia integral que aborde la inseguridad y la violencia de género, los resultados podrían quedarse en meras intenciones. La ciudadanía espera más hechos y menos promesas.