En un movimiento que ha generado controversia, el Congreso de Jalisco aprobó la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), un organismo clave para garantizar el acceso a la información en el estado. La decisión, respaldada por Morena y Movimiento Ciudadano, ha sido cuestionada por expertos y académicos, quienes advierten sobre las graves consecuencias para la rendición de cuentas.
La reforma, que transfiere las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, sigue el modelo de la eliminación del INAI a nivel federal. Según los críticos, esta medida centraliza el control de la transparencia en manos del gobierno estatal, lo que podría debilitar la vigilancia independiente sobre las instituciones públicas.
Voces como la de la diputada priista María del Refugio Camarena han señalado que la desaparición del ITEI refleja una falta de compromiso con la rendición de cuentas. La legisladora acusó a los partidos que apoyaron la reforma de buscar evadir la fiscalización, cuestionando la postura de Movimiento Ciudadano frente a su discurso previo en el ámbito federal.
Organizaciones de la sociedad civil y académicos han expresado su preocupación por la falta de un plan claro para la transición. La ausencia de un marco legal definido para proteger los derechos laborales del personal del ITEI y garantizar el acceso a la información ha sido uno de los puntos más criticados.
El ITEI, que operará hasta que entren en vigor las leyes secundarias en un plazo máximo de 90 días, ha sido un referente nacional en transparencia durante casi dos décadas. Especialistas destacan que su desaparición podría dejar a Jalisco sin un organismo autónomo que supervise el manejo de la información pública.
Otro aspecto que ha generado inquietud es el destino de la Plataforma Nacional de Transparencia, un recurso clave para periodistas, investigadores y ciudadanos. La incertidumbre sobre su continuidad pone en riesgo el acceso a datos valiosos para la sociedad.
Críticos han señalado que la Contraloría del Estado, ahora encargada de las funciones del ITEI, podría enfrentar conflictos de interés al ser un órgano dependiente del gobierno estatal. Esto, aseguran, compromete la imparcialidad en la gestión de la información pública.
La decisión ha sido vista como un retroceso en un estado que alguna vez fue líder en transparencia. Mientras el gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, defiende la reforma como parte de una reestructuración necesaria, los cuestionamientos no cesan.
Para muchos, la desaparición del ITEI no solo afecta a Jalisco, sino que envía una señal preocupante sobre el futuro de la transparencia en México. La falta de candados claros en la legislación secundaria podría agravar la opacidad en la gestión pública.
El debate ahora se centra en cómo se implementarán las nuevas reglas y si se logrará preservar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información. La presión de la sociedad civil será clave para evitar que esta reforma derive en un retroceso democrático.