El operativo en el Multiforo Alicia, un espacio cultural emblemático, dejó un mal sabor de boca. Ricardo Trevilla, titular de la Sedena, confirmó que el gobierno capitalino solicitó la intervención de militares y la GN. Sin embargo, la polémica estalló cuando se cuestionó la presencia de fuerzas armadas en un asunto que, para muchos, debería ser manejado por la policía local. La ciudadanía exige claridad: ¿por qué se recurre al Ejército en operativos civiles?
Tras el escándalo, Trevilla anunció un cambio drástico: los militares ya no participarán en cateos ni operativos similares en la Ciudad de México. A partir de ahora, solo la Guardia Nacional intervendrá, y únicamente bajo órdenes judiciales. Esta decisión busca calmar las aguas, pero también genera dudas sobre la capacidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para manejar la delincuencia sin apoyo militar.
Clara Brugada, por su parte, insiste en que el protocolo en desarrollo establecerá límites claros. Según la jefa de Gobierno, hay zonas de la ciudad donde la presencia de la Sedena y la GN es “indispensable”. Sin embargo, no especificó cuáles son estas áreas ni qué criterios se usarán para justificar su intervención. La falta de transparencia alimenta la desconfianza entre los capitalinos.
El desalojo del Multiforo Alicia no es un caso aislado. En los últimos meses, la presencia de la Guardia Nacional en operativos urbanos ha ido en aumento. Desde patrullajes en alcaldías como Iztapalapa y Gustavo A. Madero hasta operativos contra el crimen organizado, la GN se ha convertido en un actor clave. Pero, ¿a qué costo? Organizaciones civiles advierten sobre una posible militarización de la seguridad pública.
La oposición no se ha quedado callada. Figuras como Ricardo Monreal han señalado que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, impulsada por Morena, refuerza el control militar sobre la seguridad. Este movimiento, aprobado en 2024, ha sido criticado por debilitar los controles civiles y democráticos. La Suprema Corte de Justicia, en el pasado, ya había frenado intentos similares, pero la reforma constitucional de Morena logró sortear esos obstáculos.
Mientras tanto, la SSC enfrenta el reto de demostrar que puede garantizar la seguridad sin depender de las fuerzas armadas. Los índices delictivos en colonias como Doctores, Morelos y Peralvillo siguen siendo alarmantes. Robos, extorsiones y homicidios mantienen en vilo a los habitantes, que exigen resultados concretos y no solo promesas de protocolos.
La situación en la Ciudad de México refleja un dilema nacional: ¿hasta dónde debe llegar la participación militar en la seguridad pública? El gobierno de Brugada tiene la oportunidad de marcar un precedente, pero también corre el riesgo de profundizar la desconfianza si no actúa con transparencia. Por ahora, los capitalinos observan con cautela, esperando que las decisiones no se tomen a espaldas de la ciudadanía.