Un juez federal rechazó la solicitud del gobernador de California, Gavin Newsom, para bloquear de manera inmediata el envío de tropas de la Guardia Nacional y marines a Los Ángeles, ordenado por el presidente Donald Trump. La decisión, tomada por el juez Charles Breyer, intensifica la disputa entre el gobierno federal y las autoridades estatales en medio de protestas contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El despliegue de aproximadamente 2,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines comenzó tras cuatro días de manifestaciones en Los Ángeles, desencadenadas por operativos migratorios en varios puntos de la ciudad. Las protestas, que han incluido enfrentamientos con las fuerzas del orden, se han concentrado en áreas como Paramount y el centro de la ciudad, donde los manifestantes han expresado su rechazo a las detenciones de inmigrantes indocumentados.
Gavin Newsom, gobernador demócrata, ha calificado la acción de Trump como una violación de la soberanía estatal, argumentando que el despliegue de tropas es innecesario y solo agrava las tensiones. En una publicación en redes sociales, Newsom denunció que los soldados fueron enviados sin recursos adecuados, como combustible, agua o alojamiento, y compartió imágenes de militares durmiendo en el suelo.
Por su parte, la administración de Trump defiende la medida como una respuesta necesaria para controlar lo que el presidente ha descrito como “anarquía” en California. Trump ha intensificado su retórica, llegando a respaldar públicamente la posible detención de Newsom, una declaración que ha generado críticas por considerarse un paso hacia el autoritarismo.
El juez Breyer, aunque no emitió una restricción inmediata, programó una audiencia para el jueves, dejando abierta la posibilidad de revisar la legalidad del despliegue. Mientras tanto, la orden temporal emitida este martes limita el uso de las tropas federales para funciones más allá de la protección de edificios federales, lo que podría restringir su participación directa en la aplicación de leyes migratorias.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también ha criticado la presencia militar, afirmando que la ciudad está siendo utilizada como un “experimento” de autoridad federal. Según Bass, las protestas, en su mayoría pacíficas, no justifican la militarización, y la llegada de tropas genera miedo en las comunidades locales.
El costo del despliegue, estimado en al menos 134 millones de dólares según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha sido otro punto de controversia. Los recursos, provenientes de fondos de operaciones y mantenimiento, cubrirán una operación de al menos 60 días, según el Pentágono.
Organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) han condenado la decisión de Trump, calificándola como una represalia contra California, un estado conocido por su apoyo a las comunidades inmigrantes. La ACLU está considerando presentar una demanda propia para cuestionar la legalidad del despliegue.
La tensión entre el gobierno federal y California marca un precedente inusual, ya que es la primera vez en 60 años que un presidente ordena el despliegue de la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador estatal. Este conflicto refleja un enfrentamiento más amplio entre la agenda migratoria de Trump y las autoridades locales que se oponen a ella.
A medida que las protestas continúan, la presencia de tropas federales en Los Ángeles sigue generando debate sobre los límites del poder presidencial y el papel de las fuerzas militares en asuntos domésticos. La audiencia judicial programada para el jueves podría ser clave para determinar el futuro de esta medida.