En un movimiento que sacude la política de Jalisco, el Congreso estatal aprobó la desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI). La decisión, respaldada por Morena y Movimiento Ciudadano, transfiere las funciones de este organismo autónomo a la Contraloría del Estado.
La reforma, aprobada en comisiones el pasado 6 de junio, busca armonizar la legislación local con la federal, que eliminó el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Sin embargo, la extinción del ITEI ha generado críticas por la falta de un plan claro para la transición. El organismo dejará de operar el 21 de junio, dejando en incertidumbre cómo se garantizará el acceso a la información pública.
El ITEI, creado para vigilar que las autoridades cumplieran con la transparencia, ha sido un pilar en Jalisco, estado pionero en leyes de acceso a la información desde los años 90. Su desaparición preocupa a sectores que temen un retroceso en la rendición de cuentas. La Contraloría, ahora encargada de estas tareas, no es un órgano autónomo, lo que levanta sospechas sobre su imparcialidad.
Críticos como la diputada del PRI, María del Refugio Camarena, han señalado que esta medida refleja una intención de centralizar el control de la información. Acusan a Morena y Movimiento Ciudadano de pactar para debilitar los mecanismos de fiscalización en el estado. La oposición argumenta que la Contraloría, al estar vinculada al gobierno estatal, podría priorizar intereses políticos sobre el derecho ciudadano.
La falta de claridad sobre el presupuesto del ITEI para el resto del año es otro punto de controversia. Legisladores como Enrique Velázquez, del partido Hagamos, han cuestionado qué pasará con los recursos y el personal del instituto. La liquidación de los empleados, según se ha propuesto, deberá ajustarse a la ley, pero no hay detalles concretos.
Organizaciones civiles y académicos han advertido que esta reforma podría colocar a Jalisco en un “limbo legal”. Sin un organismo autónomo, el acceso a la información y la protección de datos personales podrían debilitarse. Jalisco, que alguna vez fue líder nacional en transparencia, ahora enfrenta el riesgo de perder ese prestigio.
El proceso de consulta pública, anunciado en febrero por el gobernador Pablo Lemus, buscaba incluir a municipios, universidades y sociedad civil en la creación de una nueva ley de transparencia. Sin embargo, las prisas por aprobar la reforma antes de la próxima semana han dejado dudas sobre la efectividad de dichas consultas.
La desaparición del ITEI no solo afecta a Jalisco, sino que envía una señal sobre el rumbo de la transparencia en México. Con el INAI eliminado a nivel federal y sus funciones transferidas a una Secretaría Anticorrupción, el modelo de control gubernamental se fortalece. En Jalisco, la Contraloría tendrá la última palabra en un derecho que, hasta ahora, era vigilado por un organismo independiente.
La sociedad jalisciense, que en los últimos años triplicó sus solicitudes de información pública, podría enfrentar mayores obstáculos para exigir cuentas claras. La transición a la Contraloría, sin un esquema definido, plantea un futuro incierto para un derecho fundamental en cualquier democracia.