El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó al presidente Donald Trump de avivar las tensiones en Los Ángeles, desencadenando protestas que obligaron a imponer un toque de queda nocturno. Según el demócrata, las acciones de Trump han generado un ambiente de confrontación en la ciudad, exacerbado por el despliegue de miles de tropas de la Guardia Nacional y 200 marines, una medida que Newsom calificó como ilegal y provocadora.
Las manifestaciones en Los Ángeles surgieron como respuesta a las recientes redadas migratorias masivas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas operaciones, que comenzaron el viernes pasado, han generado indignación en comunidades latinas, especialmente tras la detención de personas que acudían a citas migratorias regulares. La alcaldesa Karen Bass denunció que ICE ha creado un clima de “terror” al negar acceso a representación legal a los detenidos.
Newsom ha criticado duramente la decisión de Trump de federalizar la Guardia Nacional, un acto que no se veía desde 1965, cuando Lyndon B. Johnson lo utilizó para proteger a manifestantes por los derechos civiles. El gobernador sostiene que esta acción no solo es una violación de la soberanía estatal, sino también un intento deliberado de escalar el conflicto en lugar de buscar soluciones pacíficas.
Por su parte, Trump ha respondido con ataques personales, llamando a Newsom “incompetente” y sugiriendo que podría ser arrestado por obstruir las deportaciones. El presidente defendió el envío de tropas, asegurando que sin ellas, Los Ángeles “estaría ardiendo”. Además, dejó abierta la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, una medida extrema que le permitiría desplegar fuerzas militares en suelo estadounidense.
La alcaldesa Bass, alineada con Newsom, expresó su rechazo al despliegue militar, afirmando que la policía local tenía la situación bajo control. Sin embargo, la violencia escaló durante el fin de semana, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales, uso de gases lacrimógenos y reportes de heridos. Esto llevó a Bass a decretar un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad para frenar el vandalismo.
El gobierno de California ha tomado medidas legales contra la administración Trump, presentando una demanda para bloquear el despliegue de tropas. Newsom y el fiscal general Rob Bonta argumentan que estas acciones son inconstitucionales y solo agravan la crisis. Más de 20 gobernadores demócratas han respaldado esta postura, calificando la militarización como un “alarmante abuso de poder”.
En medio de la tensión, las protestas han adoptado símbolos como la bandera mexicana, que se ha convertido en un emblema de resistencia contra las políticas migratorias de Trump. Activistas y líderes comunitarios exigen la liberación de los detenidos y el cese de las redadas, mientras critican la falta de transparencia en los operativos de ICE.
Tom Homan, designado por Trump como “zar de la frontera”, ha intensificado la retórica, amenazando con arrestar a funcionarios locales que obstaculicen las deportaciones. Estas declaraciones han generado más fricciones, con Newsom desafiando abiertamente a Homan a “arrestarlo” si así lo desea, en un tono que refleja el nivel de confrontación entre ambos lados.
La crisis en Los Ángeles ha puesto en evidencia las profundas divisiones políticas en Estados Unidos, con Trump utilizando las protestas para reforzar su narrativa de mano dura contra la inmigración. Mientras tanto, Newsom insiste en que el presidente busca crear un “caos fingido” para justificar medidas autoritarias, en un conflicto que parece lejos de resolverse.