Una ex empleada del Ayuntamiento de Guadalajara, Naomi Sofía Figueroa Álvarez, ha generado una ola de críticas tras confesar en un video público que sacrificó a un perro como parte de un ritual religioso. La mujer, quien trabajaba en la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitario, dejó de laborar para el municipio el 31 de mayo, según informó el gobierno local. Su declaración ha encendido el debate sobre el maltrato animal y las responsabilidades legales en Jalisco.
En el video, Figueroa Álvarez habla de su práctica de la religión orisha, una forma de santería que incluye sacrificios de animales. Según sus palabras, el acto fue realizado para “quitar a sus enemigos del camino”. Este tipo de acciones está tipificado como delito en el Código Penal de Jalisco, con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de prisión. La confesión, publicada en redes sociales, ha sido señalada como prueba suficiente para que las autoridades actúen.
Activistas de organizaciones como Igualdad Animal México han condenado enérgicamente el hecho. Isabel Franco, representante de la organización, destacó que el maltrato animal es un delito que se persigue de oficio en Jalisco, lo que significa que la Fiscalía Estatal debe investigar sin necesidad de una denuncia formal. La indignación ha crecido entre la ciudadanía, que exige justicia para el animal sacrificado.
Regidores del PAN y Morena en Guadalajara también han alzado la voz. Diana González, regidora panista, calificó el acto como un delito claro y pidió a la Fiscalía intervenir de inmediato. Por su parte, Juan Alberto Salinas, regidor morenista, exigió a la Contraloría Ciudadana de Guadalajara que investigue a fondo y se dé vista a las autoridades para sancionar a la responsable.
El caso ha puesto en el centro del debate las prácticas religiosas que involucran animales. Elsa Stettner, de Animal AC, señaló que Figueroa Álvarez no solo enfrenta consecuencias legales, sino también un problema moral. Según Stettner, la ex empleada actuó desde la ignorancia, lo que ha derivado en un escándalo que podría costarle caro tanto en el ámbito legal como en el social.
Luis Humberto Campos, abogado especializado en derechos de animales, subrayó que el sacrificio confesado por Figueroa Álvarez es un acto de crueldad tipificado en la legislación jalisciense. Campos insistió en que las autoridades tienen la obligación de actuar con rapidez, dado que la confesión pública elimina la necesidad de una querella para iniciar una investigación.
La difusión del video en redes sociales ha amplificado el impacto del caso. Cientos de usuarios han expresado su repudio, exigiendo que se aplique todo el peso de la ley. Organizaciones defensoras de animales han convocado a la ciudadanía a mantenerse atenta al desarrollo de las investigaciones y a pronunciarse contra el maltrato animal.
El Ayuntamiento de Guadalajara ha aclarado que Figueroa Álvarez ya no forma parte de sus filas, lo que no la exime de enfrentar las consecuencias legales de sus actos. La presión pública y política sigue creciendo, con la esperanza de que este caso siente un precedente en la lucha contra el maltrato animal en México.
La situación también ha generado cuestionamientos sobre la supervisión de los empleados municipales y su formación ética. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, el caso de Figueroa Álvarez sigue siendo un recordatorio de la importancia de proteger los derechos de los animales y de sancionar cualquier acto de crueldad.