En un nuevo capítulo de la crisis de inseguridad que azota a Nuevo León, el director de la Policía Municipal de Linares, Ernesto N., fue detenido por su presunta participación en un caso de desaparición forzada. La captura, ejecutada por la Fiscalía General de Justicia del estado, ha generado conmoción en el municipio y expone, una vez más, la fragilidad de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
Los hechos se remontan al 3 de abril de 2025, cuando Juan Jesús Padrón Gómez fue arrestado por elementos de la policía de Linares. Según la denuncia de su familia, el joven fue trasladado a las celdas municipales, pero desde entonces no se ha sabido nada de él. Las autoridades locales afirmaron que Padrón Gómez fue liberado un día después, pero las grabaciones de las cámaras de seguridad no muestran evidencia de su salida, lo que desató sospechas de irregularidades.
La investigación tomó un giro decisivo cuando la Fiscalía estatal, con apoyo de Fuerza Civil, cateó la comandancia de policía de Linares el pasado 7 de junio. Durante el operativo, se recopilaron pruebas que señalaban la posible implicación de altos mandos en la desaparición. La detención de Ernesto N., junto con el director operativo de la policía, Francisco Javier N., se llevó a cabo tras emitirse una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada.
Este caso no es un hecho aislado en Linares. En los últimos meses, el municipio ha sido escenario de una ola de violencia que incluye el asesinato del secretario del Ayuntamiento, Juan Pulido Díaz, y reportes de otros casos de desapariciones. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades locales ha llevado a que Fuerza Civil asuma el control de la seguridad en la zona, relevando a la policía municipal.
La familia de Juan Jesús Padrón Gómez ha vivido meses de angustia, exigiendo respuestas claras. Según relatan, acudieron al Centro de Orientación y Denuncia de Linares, pero las autoridades solo ofrecieron información contradictoria. La emisión de una ficha de búsqueda el 10 de abril no ha arrojado resultados, y la detención de los mandos policiales refuerza la teoría de que el joven fue víctima de un acto deliberado.
La crisis en Linares pone en evidencia los problemas estructurales de las corporaciones policiales en México. La presunta complicidad de elementos de seguridad en delitos graves, como la desaparición forzada, refleja una alarmante permeabilidad de las instituciones ante el crimen organizado. Este caso se suma a otros en Nuevo León, donde la confianza en las autoridades se encuentra gravemente erosionada.
El gobierno estatal, encabezado por Samuel García, ha prometido esclarecer los hechos y castigar a los responsables. Sin embargo, las declaraciones oficiales no han logrado calmar la indignación de los habitantes de Linares, quienes exigen justicia no solo para Padrón Gómez, sino para todas las víctimas de la violencia en la región.
Mientras las investigaciones avanzan, el futuro de la seguridad en Linares permanece incierto. La detención de Ernesto N. y Francisco Javier N. es apenas un paso en un largo camino para restaurar la confianza en las instituciones. Por ahora, los ciudadanos esperan que este caso marque un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad y la corrupción en las fuerzas del orden.