La Corte Suprema de Argentina ha confirmado la condena a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por fraude en la asignación de obras públicas. La sentencia, que también incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, marca un punto crucial en uno de los casos de corrupción más resonantes del país.
El fallo se centra en la causa conocida como “Vialidad”, donde se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Según la justicia, estas obras fueron adjudicadas de manera fraudulenta a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, cercano al kirchnerismo.
La condena, inicialmente dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024. Ahora, la Corte Suprema ha dado el último paso al confirmar la sentencia, cerrando la vía de apelaciones nacionales para Fernández.
El caso ha generado fuertes repercusiones políticas en Argentina. Fernández, quien fue presidenta entre 2007 y 2015 y vicepresidenta de 2019 a 2023, ha denunciado ser víctima de una persecución judicial, conocida como “lawfare”. En comunicados previos, afirmó que el proceso buscaba proscribirla políticamente.
La sentencia podría impedir que Fernández participe en las elecciones legislativas de 2025, donde había anunciado su intención de competir por una banca como diputada provincial. Sin embargo, su defensa ha señalado que aún podrían recurrir a instancias internacionales para apelar el fallo.
El fraude imputado asciende a unos 84 millones de dólares, según cálculos judiciales. Los jueces destacaron que Báez, beneficiario de nueve de cada diez licitaciones viales en Santa Cruz, dejó la mitad de las obras inconclusas pese a haber recibido los pagos correspondientes.
Además de Fernández, otras figuras como Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti también recibieron condenas de seis años. La justicia descartó, sin embargo, acusaciones adicionales por asociación ilícita.
El presidente Javier Milei celebró la decisión judicial, afirmando que confirma la culpabilidad de Fernández en actos de corrupción. Sus declaraciones han avivado el debate político en un contexto de polarización en Argentina.
Para Fernández, de 72 años, la condena no implica prisión inmediata. Por su edad, podría cumplir la pena en arresto domiciliario si se ejecuta. Mientras tanto, la expresidenta continúa activa en la reorganización del Partido Justicialista, buscando fortalecer al peronismo de cara a futuros comicios.
El fallo de la Corte Suprema no solo impacta la trayectoria de una de las figuras más influyentes de la política argentina, sino que también reaviva discusiones sobre la independencia judicial y el uso del sistema legal en disputas políticas.