La Corte Suprema de Argentina ha ratificado la condena a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dejando firme la sentencia dictada en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales. La decisión, tomada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fallo llega en un momento clave, apenas ocho días después de que Fernández anunciara su intención de postularse como legisladora en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Con esta resolución, la expresidenta queda imposibilitada de competir en esos comicios o en cualquier otro, al confirmarse su inhabilitación política antes de la fecha límite para presentar candidaturas, el próximo 19 de julio.
La causa, conocida como “Vialidad”, investigó la adjudicación irregular de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, bastión político del kirchnerismo, a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015). Los jueces determinaron que existió una maniobra de administración fraudulenta que perjudicó al Estado.
Fernández, de 72 años, podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena. Sin embargo, su defensa puede solicitar prisión domiciliaria, un beneficio al que tiene derecho por su edad. La expresidenta ha calificado el proceso como un caso de “lawfare”, denunciando una persecución judicial y política en su contra.
El fallo del Supremo asegura que las sentencias previas se basaron en pruebas sólidas y que no se vulneraron garantías constitucionales durante el proceso. Los jueces destacaron que Fernández tuvo una sentencia fundamentada en la ley, descartando las acusaciones de arbitrariedad presentadas por su defensa.
La condena también incluye el decomiso de más de 84 mil millones de pesos, monto que será actualizado cuando el fallo quede completamente firme. Este dinero está relacionado con los fondos públicos malversados en la adjudicación de las obras viales, según la justicia.
El presidente argentino, Javier Milei, celebró la decisión, afirmando que se hizo justicia y que la resolución expone a quienes, según él, protegían a Fernández. En un mensaje en redes sociales, Milei aseguró que la condena marca un paso hacia el funcionamiento de la república.
Fernández, por su parte, respondió desde la sede del Partido Justicialista, donde se reunió con militantes peronistas. Allí calificó a los jueces del Supremo como “monigotes” que responden a intereses económicos y políticos, insistiendo en que su condena es un intento de limitar el voto popular.
La expresidenta enfrenta otras causas judiciales, incluyendo una por presunto encubrimiento en el atentado contra un centro judío en 1994 y otra por lavado de dinero relacionado con propiedades de su familia. Estas investigaciones mantienen a Fernández en el centro del debate político argentino.
La decisión del Supremo no solo impacta la carrera política de Fernández, sino que reaviva la polarización en Argentina. Mientras sus seguidores la consideran una líder víctima de persecución, sus detractores celebran el fallo como un avance contra la corrupción.