El Instituto Nacional Electoral finalizó el conteo de votos para los seis cargos disputados en la primera elección del Poder Judicial de la Federación, celebrada el 1 de junio de 2025. Este proceso, inédito en México, marcó un hito al permitir que la ciudadanía eligiera directamente a los nuevos integrantes de la Suprema Corte, tribunales y juzgados. Sin embargo, los resultados han generado controversia, reflejando el peso de las reformas impulsadas por el gobierno de Morena.
Con el 100% de las actas computadas, el INE confirmó que Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco respaldado por el Poder Ejecutivo, encabezó la votación para la Suprema Corte con 6.2 millones de votos. Esto lo posiciona como el próximo presidente del máximo tribunal, un cargo que asumirá en septiembre. La asignación de este puesto, según la reforma judicial, corresponde al candidato con mayor respaldo, una decisión que ha levantado críticas por su cercanía con el gobierno federal.
Entre las ministras electas, Lenia Batres Guadarrama se mantuvo a la cabeza con 5.7 millones de votos, seguida por Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra. La composición de la Corte, con cinco mujeres y cuatro hombres, responde a la exigencia de paridad establecida por el INE, aunque no estuvo exenta de cuestionamientos sobre la influencia política en las candidaturas.
La elección, que incluyó 881 cargos federales y más de 1,800 locales, mostró una participación ciudadana del 13.01%, según el INE. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum celebró este nivel como un éxito histórico, la cifra refleja un interés limitado de los mexicanos en un proceso que muchos consideran politizado. Comparado con los 9.6 millones de votos del PAN o los 5.7 millones del PRI en 2024, la participación superó expectativas oficialistas, pero no acalló las críticas.
Un dato alarmante es el alto porcentaje de votos nulos: 23% en la elección para la Suprema Corte, con 12.5 millones de boletas anuladas y 14 millones de recuadros sin marcar. Esto evidencia un rechazo activo de la ciudadanía, con mensajes escritos en las boletas como “RIP al Poder Judicial” o “La justicia no debe ser política”. Estas expresiones de descontento apuntan a una desconfianza hacia el modelo impulsado por Morena.
El proceso no estuvo libre de irregularidades. La Organización de los Estados Americanos, a través de su Misión de Observación Electoral, señaló problemas en la ejecución y recomendó no replicar este modelo en otros países. Las críticas se centran en la falta de claridad en las boletas y la percepción de que las candidaturas estuvieron dominadas por perfiles cercanos al gobierno, lo que pone en duda la imparcialidad del nuevo Poder Judicial.
Claudia Sheinbaum, en un mensaje desde Palacio Nacional, defendió la elección como un paso hacia un sistema judicial más justo y cercano al pueblo. Sin embargo, sus palabras no han logrado disipar las dudas sobre la independencia de los nuevos ministros, especialmente cuando figuras como Hugo Aguilar, vinculado al Ejecutivo, asumirán roles clave. La promesa de un Poder Judicial transformado choca con las sospechas de control político.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, destacó la transparencia del proceso, asegurando que cada etapa estuvo vigilada y documentada. No obstante, el bajo nivel de participación y los votos nulos sugieren que el diseño de la elección, desde las boletas hasta la difusión, no convenció a la mayoría. El contraste entre el discurso oficial y la reacción ciudadana pone en entredicho la legitimidad de esta reforma.
A partir de septiembre, los nuevos ministros y magistrados tomarán posesión, marcando el inicio de una nueva etapa en el Poder Judicial. La ciudadanía espera que cumplan con las expectativas de profesionalismo y justicia imparcial, pero las sombras de la politización persisten. Este proceso, presentado como un avance democrático, sigue generando más preguntas que respuestas sobre el futuro de la justicia en México.