Una escalada de violencia sacude a Colombia con una serie de ataques que han dejado al menos siete muertos y múltiples heridos en las últimas horas. En el departamento del Cauca, dos carros bomba detonaron en los municipios de El Bordo y Corinto, mientras que en Buenaventura, Valle del Cauca, una explosión, posiblemente causada por una granada, golpeó cerca de un puesto de policía. Estas agresiones, atribuidas a disidencias de las FARC, han generado pánico en la población.
En Cali, la situación no es menos grave. Cilindros explosivos fueron arrojados en la vía Cali-Palmira, dejando una persona muerta y al menos cinco heridos. Las autoridades locales reportan que los ataques parecen coordinados, aumentando la sensación de inseguridad en la región. Los habitantes de estas zonas viven con temor ante la posibilidad de nuevos atentados.
En el municipio de El Bordo, un carro bomba estalló cerca de una estación de policía, causando daños significativos a viviendas y comercios cercanos. Testigos describen escenas de caos, con vidrios rotos y estructuras afectadas. Una mujer perdió la vida en este ataque, y varias personas resultaron heridas, aunque las autoridades no han proporcionado detalles completos.
En Corinto, otro vehículo cargado con explosivos detonó en las inmediaciones de un puesto policial, intensificando la crisis. Los residentes reportan que el estruendo se sintió como un terremoto, y el miedo se ha apoderado de las comunidades. Las disidencias de las FARC, según las autoridades, están detrás de estos actos violentos, pero no se descartan otras organizaciones criminales.
Buenaventura, un puerto clave en el Pacífico, también fue blanco de la violencia. Una explosión cerca de un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la policía dejó heridos y daños materiales. Aunque se sospecha que una granada fue utilizada, las investigaciones aún están en curso para determinar los detalles del ataque.
El departamento del Cauca, con su estratégica ubicación en la costa del Pacífico, ha sido históricamente un bastión de grupos armados. Las disidencias de las FARC, el ELN y bandas narcotraficantes operan en la zona, alimentando un ciclo de violencia que parece no tener fin. Los ataques indiscriminados contra civiles y fuerzas de seguridad son una constante en la región.
La respuesta del gobierno colombiano ha sido limitada hasta el momento, y la ciudadanía exige medidas urgentes. Los líderes locales han pedido al presidente Gustavo Petro que refuerce la presencia militar y policial para contrarrestar la amenaza de estos grupos armados. Sin embargo, la percepción general es que las autoridades han sido incapaces de frenar esta ola de terror.
La población, atrapada en medio de esta violencia, vive con incertidumbre. Las explosiones han destruido no solo infraestructuras, sino también la tranquilidad de comunidades enteras. Casas con techos desplomados y ventanas destrozadas son el reflejo de una crisis que parece agravarse día a día.
Las autoridades han prometido investigaciones exhaustivas para dar con los responsables, pero los resultados concretos aún no llegan. Mientras tanto, los habitantes de Cauca, Valle del Cauca y otras zonas afectadas claman por seguridad y justicia. La situación pone en evidencia la fragilidad del control estatal en ciertas regiones del país.
Esta ola de atentados refuerza la urgencia de abordar las causas estructurales de la violencia en Colombia. La presencia de grupos armados, el narcotráfico y la falta de oportunidades en estas zonas son problemas que requieren soluciones integrales. Por ahora, el país sigue en alerta, a la espera de respuestas que devuelvan la calma a las comunidades golpeadas.