El gobierno de California, encabezado por el gobernador Gavin Newsom, ha solicitado con urgencia a un tribunal federal que emita una orden para bloquear el despliegue de soldados en Los Ángeles. Esta acción responde a la decisión del presidente Donald Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional y marines a la ciudad, en medio de protestas contra las redadas migratorias masivas.
La solicitud de emergencia busca detener lo que Newsom califica como una militarización ilegal de Los Ángeles. El despliegue, ordenado sin la autorización del gobernador, incluye 2,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines, según reportes. Esta es la primera vez en 60 años que el gobierno federal impone tropas en el estado sin el consentimiento de las autoridades locales.
Las protestas en Los Ángeles, que han durado tres días consecutivos, surgieron como reacción a las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Más de 100 personas han sido arrestadas en redadas que han generado tensión en la ciudad más poblada del condado, con cerca de 10 millones de habitantes.
Defensores de derechos civiles han advertido que la presencia militar representa una amenaza para la población. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, describió el despliegue como una escalada caótica que siembra miedo en las comunidades y pone en riesgo la seguridad de los vecindarios.
El conflicto escaló cuando Tom Homan, designado por Trump como zar de la frontera, amenazó con arrestar a Newsom y Bass si interfieren con las operaciones federales. Estas declaraciones han sido calificadas por expertos como un espectáculo mediático que busca desestabilizar al estado demócrata.
Para los manifestantes, la presencia de soldados y policías en las calles es una traición a la comunidad. Durante las protestas, se han registrado enfrentamientos, bloqueos de autopistas y el uso de gases lacrimógenos por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles, que declaró las manifestaciones como asambleas ilegales.
Organizaciones como Amnistía Internacional han expresado su rechazo al uso de fuerzas de seguridad de alto nivel para controlar las protestas. También han criticado la falta de transparencia en las decisiones del gobierno federal y su impacto en los derechos de los migrantes.
La demanda presentada por California argumenta que Trump carece de autoridad para desplegar tropas sin el respaldo del Congreso o del gobernador. El estado busca proteger su soberanía y evitar que la militarización agrave las tensiones en una ciudad ya golpeada por la violencia en las protestas.
El historiador Miguel Tinker Salas señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para intimidar a California, un bastión demócrata. Mientras tanto, los líderes locales insisten en que las manifestaciones deben mantenerse pacíficas para evitar más represión.
La situación en Los Ángeles sigue siendo tensa, con un creciente rechazo a las políticas migratorias de Trump. La resolución del tribunal federal será clave para determinar si las tropas permanecerán en la ciudad o si California logrará frenar esta medida sin precedentes.