En un operativo masivo, las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a 300 migrantes en Los Ángeles, California, como parte de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. Los operativos, liderados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se llevaron a cabo en zonas de alta población latina, desatando una ola de protestas y enfrentamientos en la ciudad.
Las redadas comenzaron el viernes en áreas como Westlake y el Distrito de la Moda, donde agentes armados arrestaron a decenas de personas, muchas de ellas trabajadoras indocumentadas. Según reportes, los operativos se intensificaron durante el fin de semana, generando tensión en comunidades migrantes que temen por su seguridad y la de sus familias.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), denunciaron el uso excesivo de fuerza por parte de los agentes. Reportaron que los operativos incluyeron tácticas intimidantes, como el uso de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes que intentaban impedir las detenciones.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó su indignación por las acciones de ICE, calificándolas como un ataque directo a las comunidades migrantes. Bass aseguró que la ciudad, considerada un santuario para migrantes, no tolerará estas tácticas que siembran el miedo entre los residentes.
El despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional por orden de Trump, sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, escaló aún más el conflicto. Newsom y el fiscal general Rob Bonta presentaron una demanda contra el gobierno federal, argumentando que esta medida viola la autoridad estatal y exacerba una situación ya tensa.
Activistas como Ron Góchez, de Unión del Barrio, señalaron que las redadas han creado un ambiente de terror, especialmente entre jornaleros y familias con niños. También denunciaron detenciones arbitrarias, incluyendo a personas con solicitudes de asilo en proceso o con residencia legal, lo que ha generado críticas por la falta de debido proceso.
El gobierno de México, a través de su consulado en Los Ángeles, confirmó que la mayoría de los detenidos son de nacionalidad mexicana. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado condenando las redadas y llamó a las autoridades estadounidenses a respetar los derechos humanos de los migrantes, ofreciendo apoyo legal a los afectados.
Las protestas en Los Ángeles han continuado durante días, con reportes de enfrentamientos entre manifestantes y autoridades. La policía local, aunque no participa directamente en las detenciones migratorias, ha sido criticada por su presencia en algunos operativos, lo que activistas consideran una traición a las políticas de ciudad santuario.
Mientras tanto, la Casa Blanca defiende las redadas como parte de una estrategia para combatir la migración irregular, afirmando que los detenidos son principalmente personas con antecedentes penales. Sin embargo, organizaciones civiles contradicen esta narrativa, asegurando que muchas de las personas arrestadas son trabajadores sin historial criminal.
La situación en Los Ángeles refleja un creciente clima de incertidumbre para las comunidades migrantes en Estados Unidos. Las redadas, que forman parte de una política migratoria más amplia de la administración Trump, han intensificado el debate sobre los derechos de los migrantes y el papel de las ciudades santuario en el país.