El gobierno de Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 700 marines en Los Ángeles, California, en respuesta a los disturbios desencadenados por protestas contra redadas migratorias. Esta decisión, tomada por la administración de Donald Trump, ha generado una fuerte controversia, especialmente por la falta de autorización del gobernador de California, Gavin Newsom.
Los disturbios comenzaron el viernes en el centro de Los Ángeles, tras operativos federales de inmigración que resultaron en la detención de más de 40 personas. Las protestas, que inicialmente eran pacíficas, se intensificaron durante el fin de semana, extendiéndose a comunidades como Paramount y Compton, donde la presencia latina es significativa.
El sábado, Trump ordenó el despliegue de 2,100 efectivos de la Guardia Nacional sin el consentimiento de Newsom, una acción que no se veía desde 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama. Esta medida ha sido criticada por autoridades locales y defensores de derechos civiles como una escalada innecesaria.
El lunes, el Departamento de Defensa confirmó que los 700 marines, procedentes de Camp Pendleton, se unirán a la Guardia Nacional en la operación conocida como Task Force 51. Su misión es proteger edificios y personal federal ante lo que el gobierno describe como “amenazas crecientes” derivadas de las protestas.
Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, calificó la decisión de Trump como “demente” y “dictatorial”, acusándolo de provocar más caos en lugar de buscar soluciones. Newsom ha anunciado que presentará una demanda contra la Casa Blanca, argumentando que el despliegue viola la soberanía estatal.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también expresó su preocupación, señalando que la presencia de militares en las calles genera miedo en las comunidades. Organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) han advertido que esta acción representa un riesgo para los derechos civiles y estudian acciones legales.
Las protestas, que han incluido bloqueos en la autopista 101 y quema de vehículos, han llevado a enfrentamientos con la policía, que ha utilizado gas lacrimógeno y balas de goma. Entre los detenidos se encuentra David Huerta, líder sindical, cuya liberación el lunes tras pagar fianza se convirtió en un símbolo para los manifestantes.
El fiscal general de California, Rob Bonta, acusó a Trump de avivar la tensión con estas medidas. Mientras tanto, Trump insiste en que sin su intervención, Los Ángeles habría sido “completamente destruida”. La situación permanece tensa, con una fuerte presencia policial y militar en la ciudad.
La última vez que Los Ángeles vivió un despliegue militar de esta magnitud fue en 1992, tras los disturbios por el caso Rodney King, que dejaron 63 muertos y millonarios daños. Las autoridades locales insisten en que la situación actual estaba bajo control antes de la intervención federal.
Este enfrentamiento entre la administración Trump y las autoridades de California pone de manifiesto las profundas divisiones políticas en Estados Unidos, especialmente en temas de inmigración. La ciudad, hogar de 4 millones de personas, espera una resolución que evite más violencia.