El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto al descubierto una red de lavado de dinero operada por Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Mazatlán, Sinaloa. Esta operación, que involucra a 10 empresas inmobiliarias y del sector servicios, revela cómo el crimen organizado infiltra la economía local para financiar actividades ilícitas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a José Raúl Núñez Ríos, conocido como “El Lic.”, y a su esposa, Sheila Paola Urías Vázquez, como los principales operadores de esta red. Estas personas, según las autoridades estadounidenses, manejan negocios que incluyen restaurantes, inmobiliarias y clubes de belleza, todos utilizados como fachada para blanquear ganancias del narcotráfico.
La investigación señala que Núñez Ríos, en colaboración con Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, ha canalizado recursos para sostener las operaciones violentas de Los Chapitos en Mazatlán. Barraza, jefe de plaza en la región, es acusado de liderar actividades como narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsión y producción de fentanilo, un opioide que ha generado una crisis en Estados Unidos.
Desde 2021, Núñez Ríos ha adquirido propiedades y establecido empresas en Sinaloa, lo que ha levantado sospechas por la rapidez con la que acumuló riqueza. Las autoridades estadounidenses afirman que estas operaciones buscan legitimar el dinero obtenido del tráfico de drogas, integrándolo al sistema financiero a través de negocios aparentemente legales.
Sheila Paola Urías Vázquez, maquillista con estudios en Los Ángeles, California, aparece como prestanombres en varias de estas empresas. Su rol, según la OFAC, es facilitar el movimiento de fondos ilícitos, permitiendo que las actividades criminales de Los Chapitos se mantengan operativas en la región.
El informe de la OFAC también destaca que los recursos lavados a través de estas empresas financian la guerra que Los Chapitos sostienen contra grupos rivales en Mazatlán. Esta lucha por el control territorial ha incrementado la violencia en la zona, afectando la seguridad de los habitantes y generando un clima de temor.
En septiembre de 2024, volantes distribuidos en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis ya señalaban a Núñez Ríos y Urías Vázquez como parte de la estructura de Barraza Pablos. La confirmación de la OFAC refuerza estas acusaciones, exponiendo la magnitud de la red financiera que sostiene a Los Chapitos.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos congelan los activos de estas personas y empresas en territorio estadounidense, además de prohibir cualquier transacción con ciudadanos o entidades de ese país. Esta medida busca asfixiar financieramente al cártel y limitar su capacidad para operar a nivel internacional.
La situación en Mazatlán refleja un problema más amplio de inseguridad en Sinaloa, donde la presencia de grupos criminales ha escalado la violencia. Los enfrentamientos entre facciones como Los Chapitos y Los Mayitos han generado bloqueos, balaceras y un aumento en los delitos, afectando la vida cotidiana de los ciudadanos.
Este nuevo golpe al Cártel de Sinaloa evidencia los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por desmantelar las redes financieras que sostienen el narcotráfico. Sin embargo, la persistencia de estas operaciones en México pone en evidencia los retos que enfrenta el país para combatir la impunidad y la corrupción que permiten estas actividades.