Un nuevo escándalo sacude al sistema judicial mexicano. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria ha exigido la liberación inmediata de cinco activistas indígenas tseltales condenados a 25 años de prisión en Chiapas. Según la ONU, su detención en 2022 fue arbitraria y plagada de irregularidades que violan el derecho internacional.
Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco fueron arrestados por un supuesto homicidio en San Juan Cancuc. Sin embargo, la ONU encontró fallas graves en el proceso: no fueron presentados ante un juez de inmediato y algunos sufrieron desaparición forzada en las primeras horas de su detención. Estas violaciones al debido proceso han puesto en duda la legitimidad de su condena.
Los cinco activistas son miembros del pueblo maya tseltal y han defendido los derechos humanos y el territorio en su comunidad. Manuel Santiz Cruz, líder de un comité local de derechos humanos, se opuso activamente a la construcción de una carretera entre San Cristóbal de las Casas y Palenque, un proyecto que amenaza las tierras indígenas. También rechazó la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército en la zona.
En mayo de 2023, los activistas recibieron una sentencia de 25 años. Tras apelar y solicitar un nuevo juicio, la misma pena fue confirmada en abril de 2024. La ONU ha señalado que estas condenas se basan en un proceso viciado, donde se ignoraron principios básicos de justicia. El caso refleja un patrón preocupante de criminalización contra defensores indígenas en México.
El Grupo de Trabajo, presidido por la exjueza ucraniana Ganna Yudkivska, también pidió una indemnización para los afectados. Su decisión, adoptada el 4 de abril de 2024, subraya que la detención de los activistas contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aunque no es vinculante, la resolución pone presión sobre las autoridades mexicanas.
Chiapas vive una crisis de violencia y desplazamiento forzado, con miles de indígenas afectados por conflictos armados y la presencia de grupos criminales. En este contexto, la criminalización de activistas como Santiz Cruz y sus compañeros agrava las tensiones. Organizaciones locales han denunciado que las detenciones buscan silenciar a quienes defienden sus tierras y derechos.
La oposición de los activistas a megaproyectos y a la militarización en San Juan Cancuc ha generado fricciones con las autoridades. La carretera San Cristóbal-Palenque, uno de los proyectos cuestionados, ha sido criticada por su impacto ambiental y por no consultar a las comunidades indígenas, un derecho protegido por convenios internacionales.
Este caso pone en evidencia los retos del sistema judicial mexicano para garantizar justicia a los pueblos indígenas. La resolución de la ONU es un llamado urgente a revisar las condenas y a reparar el daño causado a los cinco activistas, cuya lucha por la justicia y la defensa de su territorio los ha convertido en blanco de represión.