El Instituto Nacional Electoral (INE) ha generado controversia al rechazar las solicitudes de recuento total de votos en la elección de magistrados de circuito, realizada el pasado 1 de junio. La decisión, tomada por el Consejo General del INE, responde a las peticiones de tres candidatas que buscaban revisar el cómputo de actas, argumentando irregularidades en el proceso electoral. Este rechazo ha desatado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia de un ejercicio histórico en México.
La elección judicial de 2025 marcó un hito al permitir que los ciudadanos eligieran a 881 cargos del Poder Judicial, incluyendo magistrados de circuito. Sin embargo, la baja participación ciudadana, estimada entre el 12.57% y el 13.32% de los 99 millones de electores habilitados, ha sido un punto de controversia. Las candidatas que solicitaron el recuento argumentaron que existían inconsistencias en el conteo que debían ser aclaradas para garantizar la legitimidad de los resultados.
El INE justificó su negativa al recuento total señalando que no existe una disposición legal expresa que lo permita en este tipo de elecciones. Según el organismo, el proceso de cómputo se llevó a cabo conforme a la normatividad electoral, con un avance del 99.48% en las actas computadas. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a todos, y las candidatas han sido invitadas a llevar sus impugnaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha defendido la integridad del proceso, destacando que los cómputos distritales se realizaron bajo la supervisión de consejeros electorales y ciudadanos en los 300 consejos distritales del país. Según Taddei, el sistema de votación, que permitió a cada elector emitir hasta 39 votos en diferentes cargos, resultó en un total de más de 507 millones de sufragios contabilizados, lo que calificó como la elección más grande en la historia de México.
Pese a las declaraciones del INE, la decisión de no realizar un recuento total ha avivado las críticas de sectores que consideran que el proceso careció de claridad. Algunos detractores han señalado que la elección, impulsada por la reforma judicial de septiembre de 2024, estuvo marcada por la falta de información sobre los candidatos y una organización deficiente, lo que pudo haber contribuido a la baja participación y a las dudas sobre los resultados.
Las candidatas que solicitaron el recuento argumentaron que un nuevo escrutinio podría esclarecer posibles errores en el conteo de votos para los cargos de magistrados de circuito. Estos cargos, junto con los de jueces de distrito, representan la mayoría de los puestos renovados en esta elección, con 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito en disputa. La negativa del INE ha sido interpretada por algunos como un intento de evitar cuestionamientos al proceso.
El rechazo del recuento también ha reavivado el debate sobre la independencia del Poder Judicial. La reforma que permitió estas elecciones fue impulsada por el gobierno de Morena y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó el ejercicio como un éxito democrático. Sin embargo, críticos han advertido que la elección popular de jueces y magistrados podría facilitar la influencia política en el sistema judicial, comprometiendo su imparcialidad.
Organizaciones como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito han expresado su preocupación por el impacto de esta reforma en la justicia mexicana. Durante la jornada electoral, se reportaron protestas en la Ciudad de México contra el proceso, con manifestantes argumentando que la elección popular pone en riesgo la autonomía judicial y podría abrir la puerta a intereses externos.
Mientras tanto, el INE ha señalado que los resultados definitivos de la elección serán oficializados el 15 de junio, tras la conclusión de los cómputos distritales. Las candidatas inconformes aún tienen la opción de recurrir al TEPJF para presentar sus impugnaciones, lo que podría prolongar la controversia en torno a este proceso inédito. La resolución de estas quejas será clave para determinar si el sistema electoral garantizó la voluntad ciudadana.
La elección judicial de 2025, aunque celebrada como un avance democrático por el gobierno, sigue generando divisiones. La negativa del INE a realizar un recuento total ha intensificado las dudas sobre la transparencia y ha dejado abierta la pregunta de si este proceso verdaderamente refleja la voluntad del pueblo mexicano o si, por el contrario, oculta irregularidades que podrían afectar la credibilidad del Poder Judicial.