El Río Santa Catarina, pulmón verde de Monterrey, ha sido declarado Área Natural Protegida por el gobierno de Nuevo León. Este decreto, firmado por el gobernador Samuel García, busca preservar las 700 hectáreas de este ecosistema único, que cruza la zona metropolitana desde la Sierra Madre hasta la presa El Cuchillo. La medida prohíbe intervenciones humanas que dañen su flora y fauna, incluyendo construcciones o actividades comerciales.
El anuncio fue acompañado por un operativo masivo de limpieza en el cauce, liderado por autoridades estatales. Según el gobierno, esta acción responde a años de deterioro y amenazas al río, como intentos de instalar campos de golf, pistas de go-karts y mercados que ponían en riesgo su biodiversidad. La declaratoria busca garantizar la conservación de especies endémicas y en peligro de extinción.
El colectivo Un Río en el Río, que ha luchado por años para proteger este afluente, celebró la decisión como un avance significativo. Sin embargo, sus integrantes advierten que la declaratoria por sí sola no basta. Exigen medidas legales más robustas para blindar el río contra futuros proyectos de infraestructura, como el Viaducto Elevado Etapa 2 o nuevas líneas de Metrorrey, que podrían afectar su ecosistema.
Andrea Villarreal, documentalista del colectivo, destacó la importancia de recuperar el río de manera natural. Argumenta que, en el contexto de la crisis climática, soluciones basadas en la naturaleza son clave para proteger a la población ante tormentas y huracanes más intensos. La restauración del río, según ella, ofrece beneficios a largo plazo para la ciudad.
El decreto establece que no se permitirán construcciones ni actividades que alteren el cauce. Sin embargo, activistas señalan que la falta de un plan técnico sólido y la opacidad en proyectos anteriores generan dudas. En 2023, por ejemplo, el gobierno estatal enfrentó críticas por un desmonte en el río que carecía de estudios de impacto ambiental actualizados.
La presión de colectivos como Un Río en el Río ha sido clave para lograr esta declaratoria. En el pasado, lograron suspensiones judiciales para frenar intervenciones que ponían en riesgo el ecosistema. Su trabajo incluyó jornadas de limpieza, como la iniciativa Río Vivo, que recolectó toneladas de basura y llantas del cauce.
Pese al avance, los activistas insisten en la necesidad de un estudio técnico justificativo. Este documento, que debería incluirse en el presupuesto 2025, es esencial para declarar al río como Corredor Biológico Ripario, una categoría que reforzaría su protección legal. Sin este respaldo, temen que la declaratoria sea solo una intención sin impacto real.
La historia del Río Santa Catarina está marcada por inundaciones devastadoras, como las causadas por el huracán Alex en 2010. Expertos advierten que la capacidad hidráulica del río ha disminuido, aumentando el riesgo de desbordes. La protección del río no solo preserva su biodiversidad, sino que también mitiga los peligros de fenómenos meteorológicos extremos.
El gobierno de Samuel García presentó esta medida como un paso histórico para Nuevo León. Sin embargo, la desconfianza persiste entre los ciudadanos, quienes recuerdan promesas incumplidas y planes poco transparentes. La vigilancia de la sociedad civil será crucial para asegurar que el río no vuelva a ser víctima de intereses privados o proyectos mal planeados.
La declaratoria del Río Santa Catarina como Área Natural Protegida es un logro que refleja años de lucha ciudadana. Pero el camino no termina aquí. La conservación de este espacio natural dependerá de la voluntad política y de la participación activa de la comunidad para garantizar que este pulmón verde siga vivo para las futuras generaciones.