El estado de California ha presentado una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, considerado por las autoridades estatales como un acto ilegal. Este movimiento responde a la decisión de la administración federal de enviar 2,000 soldados para contener protestas contra las redadas migratorias, sin la autorización del gobernador Gavin Newsom.
El fiscal general de California, Rob Bonta, junto con Newsom, sostiene que la acción de Trump viola la Décima Enmienda de la Constitución estadounidense, que limita las competencias del gobierno federal. Según Bonta, el despliegue de tropas es un abuso de autoridad y carece de justificación, ya que las protestas estaban bajo control según las fuerzas locales.
La controversia comenzó con las protestas en Los Ángeles, desencadenadas por operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Estas manifestaciones, que inicialmente fueron pacíficas, escalaron en violencia durante el fin de semana, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, incluyendo el uso de gas lacrimógeno y balas de goma.
Trump justificó el envío de la Guardia Nacional afirmando que Los Ángeles estaba siendo “invadida y ocupada por migrantes ilegales y criminales”. En un mensaje en su plataforma Truth Social, el presidente aseguró que su decisión evitó que la ciudad fuera “completamente destruida”, acusando a Newsom y a la alcaldesa Karen Bass de minimizar la gravedad de las protestas.
Por su parte, Newsom calificó el despliegue como una “provocación” que ha generado caos en la ciudad. En una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, el gobernador denunció que las tropas fueron enviadas sin recursos adecuados, como alimentos o alojamiento, lo que agrava la situación.
Esta es la primera vez desde 1965 que un presidente de Estados Unidos activa la Guardia Nacional de un estado sin el consentimiento de su gobernador. Newsom y Bonta argumentan que este precedente es peligroso y representa una amenaza a la soberanía estatal, además de exacerbar las tensiones en Los Ángeles.
Tom Homan, encargado de la política migratoria de la Casa Blanca, intensificó el conflicto al sugerir que Newsom y Bass podrían ser arrestados por oponerse a las acciones federales. Newsom respondió con ironía, desafiando a Homan a que lo detuviera, mientras reafirmaba su compromiso con la comunidad.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también rechazó el despliegue, asegurando que la ciudad no necesitaba intervención federal y que las autoridades locales tenían la situación bajo control. Bass señaló que las acciones de Trump parecen responder a una agenda política más que a preocupaciones de seguridad pública.
La demanda presentada por California busca una orden judicial para anular el despliegue de la Guardia Nacional y devolver su control al estado. Mientras tanto, las protestas en Los Ángeles continúan, con reportes de al menos 56 detenciones durante el fin de semana, en medio de un clima de creciente tensión entre el gobierno federal y estatal.
Este enfrentamiento marca la vigésima cuarta demanda de California contra la administración Trump en 19 semanas, reflejando un historial de fricciones entre el estado y el gobierno federal. Las autoridades californianas insisten en que la prioridad debe ser proteger los derechos de los ciudadanos y evitar una escalada de violencia innecesaria.