En un nuevo capítulo de la crisis migratoria, el canciller Juan Ramón de la Fuente confirmó que 42 mexicanos fueron detenidos en redadas masivas en Los Ángeles, California. Las operaciones, encabezadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, han desatado una ola de críticas hacia el gobierno mexicano por su manejo de la situación.
La presidenta Claudia Sheinbaum, desde Puebla, se pronunció en contra de las redadas, asegurando que los mexicanos detenidos son “hombres y mujeres de bien” que merecen respeto. Sin embargo, su mensaje parece insuficiente frente a la magnitud de las detenciones y la escalada de tensiones en Estados Unidos.
Las redadas, que tuvieron lugar en lugares como el estacionamiento de una tienda Home Depot y una fábrica textil, han sido calificadas como violentas por activistas. Los operativos, que incluyeron a 37 hombres y 5 mujeres, han generado protestas en Los Ángeles, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales.
Sheinbaum insistió en que no se debe abordar el fenómeno migratorio con “redadas y violencia”, pero su llamado a una reforma migratoria integral suena más a discurso que a acción concreta. Mientras tanto, los consulados mexicanos en Estados Unidos han sido instruidos para brindar apoyo legal a los detenidos.
El canciller De la Fuente detalló que cuatro de los 42 mexicanos ya fueron deportados, dos por sentencia y dos de manera voluntaria. La red consular, según el gobierno, está en contacto con los detenidos y sus familias, pero la pregunta persiste: ¿es suficiente esta respuesta ante la magnitud del problema?
Las protestas en Los Ángeles han escalado, con el despliegue de 2,000 elementos de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump. Este movimiento, criticado por el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa Karen Bass, ha intensificado las tensiones en la ciudad.
Sheinbaum, en su conferencia matutina, reprobó la quema de patrullas durante las protestas, pero defendió a los migrantes, destacando su contribución a la economía estadounidense. Sin embargo, su postura no aborda el fondo del problema ni propone soluciones claras para proteger a los mexicanos en el exterior.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha prometido usar todos los canales diplomáticos para exigir respeto a los derechos humanos. Pero mientras las redadas continúan y las deportaciones avanzan, la comunidad mexicana en Estados Unidos sigue esperando acciones más contundentes.
La situación pone en evidencia los retos que enfrenta el gobierno de Sheinbaum en materia de política exterior. La protección de los migrantes mexicanos, que representan casi la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, exige más que discursos de solidaridad.
La incertidumbre crece entre las familias de los detenidos, y las críticas hacia la respuesta del gobierno mexicano no se hacen esperar. ¿Podrá la administración de Sheinbaum dar un paso firme frente a esta crisis, o seguiremos viendo más promesas vacías?