La decisión del presidente Donald Trump de desplegar 2,000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles ha generado una ola de críticas en Estados Unidos. Este movimiento, ejecutado sin la autorización del gobernador de California, Gavin Newsom, marca la primera vez en 60 años que el gobierno federal impone esta medida a su discreción, avivando tensiones en la ciudad más poblada del país.
El despliegue responde a las protestas desatadas por redadas migratorias en Los Ángeles, donde agentes federales han intensificado operativos contra migrantes indocumentados. A pesar de que las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas y estaban bajo control, según la policía local y el alguacil, Trump justificó la presencia militar por el supuesto daño a un edificio federal que alberga una cárcel migratoria, el cual ahora luce grafitis contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la acción como una escalada caótica que siembra miedo en las comunidades. En un comunicado, Bass señaló que la presencia de soldados frente al edificio federal no hace más que aumentar la ansiedad entre los residentes, poniendo en riesgo la estabilidad de los vecindarios. Sus palabras reflejan el sentir de muchos ciudadanos que ven esta medida como desproporcionada.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles ha condenado enérgicamente el despliegue y ya estudia presentar una demanda. Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la organización, acusó a la administración Trump de violar principios democráticos al usar fuerzas armadas para vigilar a civiles, generando riesgos legales y éticos para las propias tropas.
El sábado, las protestas se concentraron en Paramount, donde más de 50 vehículos federales realizaron un operativo migratorio en una empresa. Activistas intentaron impedir las detenciones, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Varias personas resultaron heridas por balas de goma, lo que intensificó el descontento contra las acciones federales.
Neera Tanden, directora del Centro para el Progreso Americano, advirtió que la decisión de Trump representa una amenaza para la democracia. En un comunicado, señaló que este tipo de medidas pone en peligro a las comunidades y erosiona la confianza en las instituciones, especialmente en una ciudad tan diversa como Los Ángeles, hogar de cerca de 10 millones de personas.
En el complejo federal, un grupo de soldados, muchos con apellidos hispanos, custodia los accesos, mientras activistas se reúnen para apoyar a los detenidos. Los migrantes, desde las ventanas de la cárcel, responden golpeando los vidrios, mostrando que escuchan los cánticos de respaldo. Este escenario refleja la polarización que vive la ciudad ante la intervención militar.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue más allá al amenazar con enviar infantes de marina si la violencia persiste, una declaración que Newsom calificó de comportamiento desquiciado. El gobernador ha criticado duramente la falta de coordinación con las autoridades locales, acusando a Trump de exacerbar las tensiones en lugar de buscar soluciones.
Trump, por su parte, ha atacado a Newsom y a Bass, llamando al gobernador Nuevaescoria en un tono despectivo y cuestionando su gestión. El presidente insiste en que su prioridad es restablecer la ley y el orden, aunque sus detractores argumentan que las protestas no justifican una respuesta militar de esta magnitud.
La controversia en Los Ángeles pone de manifiesto el choque entre las políticas migratorias de Trump y los derechos civiles, en un momento en que la ciudad enfrenta retos sociales y económicos. Mientras las críticas arrecian, la presencia de tropas en las calles sigue siendo un recordatorio de las profundas divisiones que atraviesa Estados Unidos.