En un operativo que ha sacudido a la comunidad, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevó a cabo redadas masivas en Los Ángeles, California, el viernes 6 de junio de 2025. Al menos 45 personas, en su mayoría de origen latino, fueron detenidas en zonas como el Distrito de la Moda y Westlake, áreas conocidas por su alta población hispana. Estas acciones han generado una ola de protestas y críticas por parte de activistas y residentes.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha denunciado que las autoridades locales incumplieron su compromiso de mantener a Los Ángeles como una “ciudad santuario”. Según Andres Kwon, abogado de la ACLU del Sur de California, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles colaboraron con ICE, lo que impidió que muchas personas acudieran a sus trabajos, tribunales de inmigración o incluso a las graduaciones de sus hijos.
Las redadas, las más grandes desde que Donald Trump asumió la presidencia con su promesa de deportaciones masivas, comenzaron temprano en la mañana. Agentes federales, apoyados por el FBI y la DEA, utilizaron uniformes camuflados, vehículos blindados y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que intentaban bloquear los operativos. La tensión escaló rápidamente en las calles.
En el Distrito de la Moda, al menos dos docenas de trabajadores fueron arrestados en negocios locales. Activistas reportaron que los agentes actuaron con tácticas intimidantes, separando a los trabajadores y exigiendo identificaciones. Omar Díaz, un ciudadano estadounidense de 26 años que presenció una de las redadas, relató cómo los agentes acorralaron a sus compañeros, muchos de ellos migrantes mexicanos y surcoreanos, en un almacén.
Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), señaló que las detenciones podrían aumentar a medida que se reciban más reportes. Salas destacó la presencia de agentes cerca de escuelas y comercios, lo que generó temor entre los padres y la comunidad. “No vamos a permitir este atropello a los trabajadores”, afirmó.
La resistencia de la comunidad no se hizo esperar. Manifestantes intentaron bloquear camionetas de ICE, y algunos enfrentamientos terminaron con el uso de granadas aturdidoras y gas pimienta. David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, fue detenido por obstruir a los agentes federales, lo que desató aún más indignación entre los activistas.
La alcaldesa Karen Bass condenó las redadas, calificándolas como una violación a los principios de una ciudad santuario. Sin embargo, las críticas no han frenado las operaciones de ICE, que buscan cumplir con la meta de 3,000 arrestos diarios impuesta por la administración Trump. Estas detenciones, enfocadas incluso en trabajadores sin antecedentes penales, han generado un rechazo generalizado.
El Consulado de México en Los Ángeles activó líneas de emergencia para asistir a los detenidos, 11 de los cuales son mexicanos. Mientras tanto, una manifestación masiva se convocó frente a una cárcel migratoria, reflejando la determinación de la comunidad para resistir estas medidas. La situación sigue siendo tensa, con protestas que no cesan.
Las redadas también se han extendido a otras ciudades como Manhattan, donde manifestantes han intentado bloquear a las autoridades federales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que ICE continuará aplicando la ley y que cualquier acto contra los agentes enfrentará consecuencias legales. Estas declaraciones han avivado aún más el descontento.
La comunidad latina en Los Ángeles, junto con organizaciones como CHIRLA y la ACLU, exige respuestas claras y el fin de las redadas. Mientras el debate sobre las políticas migratorias se intensifica, la ciudad enfrenta un momento crítico que pone a prueba su compromiso como refugio para los migrantes.