La Casa Blanca confirmó la llegada de dos mil elementos de la Guardia Nacional a Los Ángeles, California, este domingo, tras la orden directa del presidente Donald Trump. La medida busca contener las protestas desatadas por las recientes redadas migratorias en la ciudad, que han generado tensiones en las calles.
Las manifestaciones comenzaron el viernes, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizaron operativos en diversos puntos de la ciudad, incluyendo almacenes y comercios. Estas acciones resultaron en la detención de al menos 118 personas, según el Departamento de Seguridad Nacional, lo que desató la indignación de activistas y comunidades locales.
El sábado, las protestas se intensificaron en la ciudad de Paramount, donde cientos de personas intentaron bloquear los vehículos federales que trasladaban a los detenidos. Las autoridades respondieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, dejando varios manifestantes heridos. Entre los arrestados durante las protestas se encuentra David Huerta, líder del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios.
A pesar de las objeciones del gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó la medida como provocadora, Trump firmó un memorando presidencial para desplegar a los elementos de la Guardia Nacional. La Casa Blanca argumenta que la presencia militar es necesaria para garantizar el orden y proteger a los agentes federales frente a lo que califican como actos de violencia.
El asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, fue más allá y describió las protestas como una insurrección contra el país. Sus declaraciones han avivado el debate sobre el uso de la fuerza militar en conflictos civiles, generando críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que, de continuar las manifestaciones, se podrían movilizar marines desde Camp Pendleton. Esta amenaza ha elevado la tensión en Los Ángeles, donde los residentes temen una escalada en la respuesta del gobierno federal.
Las redadas migratorias han sido un punto central en la agenda de Trump desde el inicio de su mandato. Según el Servicio de Inmigración, las operaciones buscan detener a personas con antecedentes penales o vinculadas a organizaciones criminales, aunque defensores de los inmigrantes denuncian detenciones indiscriminadas.
Mientras tanto, congresistas y abogados han reportado dificultades para acceder a los centros de detención donde se encuentran los migrantes arrestados. Algunos han denunciado condiciones de hacinamiento y falta de acceso a alimentos y agua, lo que ha intensificado las críticas contra las políticas migratorias de la administración.
En Los Ángeles, la comunidad permanece dividida. Mientras algunos apoyan las medidas de seguridad, otros exigen el cese de las redadas y la liberación de los detenidos. Las protestas continúan, y la presencia de la Guardia Nacional promete mantener la ciudad en alerta en los próximos días.