Una empresa favorita del Ejército mexicano, Impulsora Tlaxcalteca de Industrias (Grupo Itisa), se llevó un jugoso contrato por 709 millones de pesos para suministrar durmientes en el proyecto ferroviario conocido como “Tren Fantasma” en Sonora. Este nuevo escándalo sacude al gobierno federal, que parece priorizar a sus allegados mientras la obra avanza en total opacidad.
El “Tren Fantasma” es una vía ferroviaria de 63 kilómetros que conectará Nogales e Ímuris, en Sonora, pero su construcción ha levantado sospechas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está a cargo, y según revelaciones, el proyecto se ejecuta sin estudios de impacto ambiental ni consultas a las comunidades afectadas. La falta de transparencia es alarmante.
Grupo Itisa no es nuevo en controversias. En 2022, esta empresa fue señalada por suministrar durmientes defectuosos para el Tren Transístmico, los cuales se rompieron en un tramo inconcluso. A pesar de las fallas, la compañía aseguró que el problema no era suyo, sino de una instalación apresurada. Ahora, vuelve a ser beneficiada con millonarios contratos.
El contrato de 709 millones de pesos incluye la fabricación y suministro de durmientes de concreto para el “Tren Fantasma”. Sin embargo, la obra ha sido criticada por ambientalistas, quienes denuncian la devastación de ecosistemas protegidos. La construcción afecta áreas donde habitan jaguares, ocelotes y otras especies, sin que exista un plan para mitigar el daño.
La opacidad del proyecto no termina ahí. La Sedena no ha hecho público el proyecto ejecutivo, y las comunidades locales han sido ignoradas. En abril de 2023, cuando comenzaron las obras, se reportaron invasiones a propiedades privadas, lo que desató protestas de los habitantes de la región.
El caso del “Tren Fantasma” se suma a otros proyectos cuestionados bajo la administración de Morena, como el Tren Maya, donde también se han señalado irregularidades en la compra de materiales. La asignación de contratos a empresas cercanas al gobierno federal levanta sospechas de favoritismo y posible corrupción.
Ambientalistas han llevado el caso al ámbito internacional. En octubre de 2024, el Centro para la Biodiversidad Biológica presentó una queja ante la Comisión de Cooperación Ambiental del T-MEC, acusando al gobierno mexicano de violar leyes ambientales. La respuesta del gobierno se espera para enero de 2025, pero el daño ya está hecho.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo se seguirán entregando millonarios contratos a empresas cuestionadas mientras se destruyen ecosistemas y se ignora a las comunidades? El “Tren Fantasma” no solo es un proyecto ferroviario, sino un símbolo de la falta de accountability en el gobierno actual.
Este escándalo pone en evidencia, una vez más, las prioridades del gobierno federal. Mientras se destinan cientos de millones a proyectos opacos, la transparencia y el cuidado del medio ambiente quedan en segundo plano. La ciudadanía merece respuestas claras sobre el destino de estos recursos públicos.