En un nuevo capítulo de la lucha contra la inseguridad en el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia ha dado un golpe contundente al crimen organizado. Once personas, presuntamente ligadas a grupos delictivos que operan bajo la fachada de sindicatos, han sido vinculadas a proceso por delitos graves como extorsión y despojo de propiedades. Entre los grupos señalados están Los Gastones, Los 300, el Sindicato 22 de Octubre, USON y GOPEZ, que han sembrado temor en diversos municipios mexiquenses.
La operación, bautizada como “Restitución”, es parte de una estrategia más amplia para devolver a las víctimas los inmuebles que les fueron arrebatados ilegalmente. Según las investigaciones, estos grupos se dedicaban a despojar casas, locales comerciales y predios, utilizando la violencia y la intimidación. Las autoridades han identificado que operaban con un esquema bien estructurado, aprovechándose de la complicidad de algunos servidores públicos.
Entre los detenidos destaca Brandon Salvador, alias “El Gastoncito”, señalado como líder de Los Gastones. Este individuo fue vinculado a proceso por extorsión tras exigir pagos a una víctima a cambio de supuesta protección, amenazándola directamente con hacerle daño a ella y a su familia. Además, enfrenta cargos por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que refleja la magnitud de sus actividades criminales.
Por otro lado, Los 300, un grupo que opera principalmente en Ecatepec, también está en la mira. Dos de sus operadores, Jorge y Alberto Eduardo, fueron procesados por su presunta participación en homicidios, extorsiones a transportistas y comercios, y robos con violencia. Este grupo, liderado anteriormente por Luis, alias “El Conejo”, detenido en marzo en Veracruz, ha sido vinculado a una red de protección que involucra a exfuncionarios municipales.
El caso del Sindicato 22 de Octubre también es alarmante. Lourdes Yohana y Víctor Heladio, alias “El Taz”, enfrentan cargos por despojo tras irrumpir en una vivienda en Chalco. Víctor, además, está acusado de extorsión, delito por el que fue detenido en flagrancia. Estos hechos evidencian cómo estos grupos utilizan la violencia para apoderarse de propiedades ajenas.
La investigación no se detiene con los 11 procesados. La Fiscalía mexiquense también tiene en la mira a 12 servidores públicos, entre ellos notarios y funcionarios de instituciones como el Instituto de la Función Registral del Estado de México, así como directores de Desarrollo Urbano de Coacalco y Lerma. Se les acusa de facilitar documentos que permitían a estos grupos delictivos legalizar sus despojos.
Las autoridades han señalado que estos grupos operaban con una estructura jerárquica, utilizando la fuerza y la intimidación para extorsionar a comerciantes, transportistas y ciudadanos comunes. En muchos casos, se presentaban con armas de fuego, exigiendo pagos recurrentes a cambio de no dañar a las víctimas o sus familias. Esta situación ha generado un clima de miedo en comunidades del Valle de México y la zona oriente del estado.
La Fiscalía ha enfatizado que la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad” busca no solo capturar a los responsables, sino también garantizar que las víctimas recuperen sus bienes. Los operativos, realizados en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y el gobierno estatal, muestran un esfuerzo conjunto para combatir estas redes criminales.
El impacto de estos grupos en el Estado de México es innegable. Municipios como Ecatepec, Coacalco, Chalco y Tultitlán han sido de los más afectados por sus actividades. La detención de figuras clave como “El Gastoncito” y los operadores de Los 300 representa un avance, pero también un recordatorio de la magnitud del problema de inseguridad en la región.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones y erradicar la corrupción que permite a estos grupos operar con impunidad. Mientras las investigaciones continúan, los ciudadanos del Estado de México esperan que estas acciones marquen un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado.