El abogado constitucionalista Enrique Anaya, conocido por sus críticas al presidente Nayib Bukele, fue detenido el sábado en su residencia en Santa Tecla, El Salvador, acusado de presunto lavado de dinero. La Fiscalía General de la República anunció la captura a través de una publicación en X, pero no ha proporcionado detalles sobre el caso. Organizaciones de derechos humanos han denunciado esta acción como parte de una estrategia para silenciar a quienes cuestionan al gobierno salvadoreño.
La defensa de Anaya, encabezada por el abogado Jaime Quintanilla, expresó su preocupación tras no poder localizarlo. Quintanilla intentó visitar a Anaya en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil en San Salvador, donde fue llevado inicialmente, pero las autoridades no confirmaron su paradero. Esta situación ha generado incertidumbre sobre el destino del jurista, quien padece una enfermedad crónica que requiere atención médica.
Anaya es una figura destacada en El Salvador por su labor como columnista y analista en medios de comunicación, donde ha cuestionado abiertamente las políticas de Bukele, especialmente su reelección y la detención de otros activistas. En su última publicación en X, Anaya señaló la creciente condena internacional al gobierno de Bukele, refiriéndose a un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que expresó preocupación por las detenciones de defensores de derechos humanos.
La captura de Anaya se suma a una serie de detenciones de críticos del gobierno, como la de la abogada Ruth López, de la organización Cristosal, arrestada el 18 de mayo por supuesto enriquecimiento ilícito. Organizaciones como Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana han denunciado estas acciones como una escalada de persecución contra quienes defienden el estado de derecho en el país.
Videos circulando en redes sociales muestran a Anaya siendo trasladado en una patrulla, custodiado por varios agentes. En las grabaciones, se le escucha decir que fue encañonado durante su detención. Estos hechos han intensificado las críticas de organismos internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que acusan al gobierno de Bukele de usar el sistema judicial para intimidar a sus opositores.
El régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2022, ha sido una herramienta clave en la estrategia de Bukele contra las pandillas, pero también ha sido criticado por permitir detenciones sin orden judicial y restringir derechos constitucionales. Según la Comisión Interamericana, este contexto ha facilitado la criminalización de activistas y defensores de derechos humanos, como Anaya, López y otros.
Bukele, reelegido en 2024 con un respaldo del 85% gracias a su política de mano dura contra las pandillas, ha respondido a las críticas acusando a sus detractores de ser activistas políticos de izquierda. Hace apenas una semana, el presidente afirmó que los “corruptos de la oposición” no están exentos de rendir cuentas, una declaración que muchos interpretan como una advertencia directa a sus críticos.
La detención de Anaya también ha generado reacciones en la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado al gobierno salvadoreño a cesar el uso del derecho penal para intimidar a defensores de derechos humanos. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre el caso, manteniendo en vilo a la defensa y a las organizaciones que siguen el proceso.
La incertidumbre sobre el paradero de Anaya y las condiciones de su detención han avivado el debate sobre la libertad de expresión en El Salvador. Organismos de derechos humanos insisten en que estas acciones buscan acallar las voces disidentes y consolidar el control del gobierno. Mientras tanto, el caso de Anaya sigue siendo un punto de tensión en un país polarizado por las políticas de Bukele.