Esta ley convirtió a Texas en pionero al abrir las puertas de la educación superior a jóvenes sin importar su estatus migratorio. Gracias a ella, miles han podido estudiar y contribuir al estado. En 2021, estos estudiantes pagaron 81.6 millones de dólares en matrículas y cuotas, demostrando su impacto económico positivo en un estado con más de 600 mil vacantes laborales proyectadas para 2025.
La Red Fronteriza, junto con más de 60 organizaciones en Texas, denuncia que la demanda del Departamento de Justicia tergiversa la ley federal. Argumentan que revocar la Ley Dream tendría consecuencias sociales y económicas devastadoras, cerrando oportunidades a jóvenes que buscan superarse y fortalecer sus comunidades.
Para calificar bajo esta ley, los estudiantes deben haber vivido en Texas por varios años, haberse graduado de una preparatoria local o tener un diploma equivalente, y firmar una declaración jurada de intención para regularizar su estatus migratorio. Estos requisitos aseguran que solo aquellos comprometidos con su futuro y el del estado puedan beneficiarse.
La decisión de atacar esta ley es vista como un movimiento cruel y antiinmigrante. Según Fernando García, líder de la Red Fronteriza, representa una traición a los valores de Texas, que históricamente ha apoyado la educación como un pilar para el progreso. Los estudiantes beneficiados son descritos como trabajadores y decididos, listos para aportar a sus familias y al estado.
La Asociación de Maestros de El Paso también ha condenado esta acción. Consideran que la demanda no solo ataca a los estudiantes indocumentados, sino que socava el sistema de educación pública en Texas. Argumentan que todos los estudiantes, sin importar su estatus, son el futuro del estado.
Eliminar el acceso a matrículas estatales es calificado como un insulto a las familias trabajadoras. Estas familias, junto con los estudiantes, buscan mejorar sus vidas a través de la educación. La decisión de un juez federal de anular la ley el pasado 4 de junio ha generado una ola de críticas por su impacto en más de 70 mil jóvenes.
La Red Fronteriza destaca que los inmigrantes son parte integral de Texas. Son vecinos, amigos y colegas que enriquecen la vida académica, cultural y económica del estado. La anulación de la Ley Dream impone barreras innecesarias a quienes solo buscan aprender y contribuir.
Organizaciones migrantes advierten que esta medida no solo limita el acceso a la educación, sino que envía un mensaje de exclusión. Los estudiantes afectados son jóvenes que han crecido en Texas, consideran al estado su hogar y están determinados a alcanzar la excelencia.
El debate continúa mientras las organizaciones planean responder a esta decisión. La lucha por mantener el acceso a la educación para todos sigue siendo una prioridad para quienes defienden los derechos de los inmigrantes en Texas.