El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, hasta la Cárcel 4 en Quito. Este movimiento responde a una orden de la Corte Nacional de Justicia para que Glas comparezca de manera presencial en un juicio por presunta malversación de fondos públicos. El caso está relacionado con la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el devastador terremoto de 2016.
Glas, quien ocupó la vicepresidencia entre 2013 y 2017 durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, enfrenta su tercer proceso penal por corrupción. En esta ocasión, la Fiscalía lo acusa de peculado, un delito que implica el uso indebido de recursos públicos en beneficio de terceros. La investigación señala irregularidades en contratos suscritos para la emergencia post-terremoto.
El traslado ocurrió bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con resguardo policial y militar. Glas, quien ya ha sido condenado anteriormente, llegó a Quito para asistir a las audiencias que comenzaron este 6 de junio. Este proceso judicial ha generado gran atención debido al historial del exfuncionario y las implicaciones políticas que rodean el caso.
En 2017, Glas fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht, donde se demostró que la constructora brasileña pagó millonarias coimas a funcionarios ecuatorianos. Posteriormente, recibió otra condena de ocho años por cohecho, relacionado con sobornos a cambio de contratos de obras públicas. Estas sentencias lo mantuvieron en prisión durante más de cinco años, entre 2017 y 2022.
En 2022, Glas obtuvo un beneficio penitenciario que le permitió cumplir el resto de sus condenas en libertad condicional. Sin embargo, incumplió las condiciones de presentarse periódicamente ante un juez, lo que llevó a la revocación de este beneficio. Además, una orden de captura fue emitida en enero de 2024 por el caso de presunta malversación, lo que lo llevó a refugiarse en la Embajada de México en Quito.
El asilo político otorgado por México generó tensiones diplomáticas entre ambos países. En abril de 2024, la policía ecuatoriana ingresó a la embajada mexicana para detener a Glas, un hecho que provocó la ruptura de relaciones entre México y Ecuador. Glas fue trasladado entonces a La Roca, una prisión destinada a reos de alta peligrosidad.
La salud de Glas ha sido motivo de preocupación. En abril de 2024, fue internado en un hospital tras una descompensación, y aunque las autoridades aseguraron que se negó a ingerir alimentos, su defensa afirmó que sufrió una sobredosis de medicamentos. Organismos internacionales, como la Relatora Especial de la ONU sobre la Tortura, han advertido sobre el deterioro de su salud y las condiciones de su detención.
La defensa de Glas sostiene que es víctima de persecución política y “lawfare”, un término usado para describir el uso del sistema judicial para atacar a opositores. Han presentado recursos de habeas corpus y solicitado información oficial sobre su estado de salud, exigiendo que se respeten sus derechos durante el proceso.
El caso ha despertado críticas internacionales. Expresidentes como Rafael Correa, Ernesto Samper y Evo Morales han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas para proteger a Glas, denunciando presuntas torturas y tratos inhumanos en la cárcel. Alegan que su vida está en riesgo debido a las condiciones de su reclusión.
El juicio por el caso Reconstrucción de Manabí será clave para determinar si Glas enfrenta una nueva condena. Mientras tanto, el caso sigue generando debate sobre la lucha contra la corrupción en Ecuador y las tensiones políticas que rodean a una figura tan controvertida como el exvicepresidente.