El gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, desató una nueva controversia al rechazar de manera tajante el informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la reciente elección judicial en el país. La Secretaría de Relaciones Exteriores, liderada por Juan Ramón de la Fuente, acusó a la OEA de extralimitarse en sus funciones y emitir juicios que, según el gobierno, violan los principios de la organización.
El informe de la OEA, presentado tras la elección del 1 de junio, calificó el proceso como complejo, polarizante y lleno de vacíos legales. Los observadores internacionales señalaron preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial, la baja participación ciudadana y la falta de requisitos estrictos para los candidatos a jueces y magistrados. Este análisis desató la furia del oficialismo, que lo considera una injerencia en la soberanía nacional.
La Cancillería mexicana argumentó que la OEA no tiene la autoridad para imponer criterios sobre cómo México organiza su sistema judicial. En una nota diplomática, el gobierno señaló que el informe preliminar de los observadores incurre en acciones contrarias a la Carta de la OEA, específicamente al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros.
La elección judicial, la primera en su tipo en México, permitió a los ciudadanos votar por jueces, magistrados y ministros, un proceso impulsado por Morena y sus aliados. Sin embargo, la OEA advirtió que este modelo podría politizar la justicia, subordinándola a intereses electorales, y recomendó no replicarlo en otros países de América Latina.
Críticos del gobierno, como el exmandatario Ernesto Zedillo, han señalado que esta reforma atenta contra la democracia mexicana. La oposición en el Congreso también calificó la elección como un fracaso, destacando que solo el 13% del padrón electoral participó, con un alto porcentaje de votos nulos o en blanco, lo que refleja el descontento y la confusión entre los votantes.
Por su parte, Morena y sus legisladores defendieron el ejercicio como una victoria democrática, argumentando que no se requería un mínimo de participación para validar los resultados. La presidenta Sheinbaum afirmó que los 36 millones de votos que obtuvo en su elección respaldan la legitimidad de este proceso, aunque las cifras reales de la elección judicial muestran una participación mucho menor.
El informe de la OEA también documentó irregularidades, como la distribución masiva de “acordeones” físicos y digitales para inducir el voto hacia candidatos cercanos a Morena. Este mecanismo, según los observadores, comprometió la libertad del voto ciudadano y generó dudas sobre la transparencia del proceso.
La presencia de militares en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la jornada electoral fue otro punto de preocupación señalado por la OEA. Aunque la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, minimizó el hecho, los observadores lo consideraron una anomalía que podría haber intimidado a los votantes.
La reacción del gobierno mexicano no se hizo esperar, con un discurso que acusa a la OEA de actuar con parcialidad y de no respetar la voluntad del pueblo mexicano. Esta postura refuerza la narrativa de confrontación con organismos internacionales que ha caracterizado a la administración actual.
Mientras el debate continúa, la elección judicial sigue generando división. Organizaciones civiles y académicos han expresado su preocupación por la posible pérdida de autonomía del Poder Judicial, mientras el gobierno insiste en que este proceso fortalece la democracia al dar voz directa a la ciudadanía.